La mujer, cuya hija de cuatro años estuvo seis horas encerrada en una guagua del Municipio de Guaynabo, compareció hoy a la División de Maltrato de Menores para ser entrevistada por personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), y se anticipa que la menor también sería entrevistada.

La entrevista es parte de la investigación de la Policía a la querella por maltrato institucional al amparo de la Ley 246 de protección de menores que presentó la mujer el pasado lunes, cuando ocurrió el incidente, dijo el comandante José Arocho, director del CIC de Bayamón.

Ese día, según se supo, los padres llevaron la niña al coliseo Mario Quijote Morales, desde donde una guagua del municipio recoge a numerosos infantes del área para trasladarlos a los centros Head Starts como en el caso de ella, el del sector Altos de Torrimar. La guagua llegó al Head Start, dejó los niños, y se regresó al lugar donde usualmente es estacionada, en el centro operacional del Municipio. Nadie se percató que la menor se quedó dentro del vehículo hasta seis horas después.

La mujer había sido citada para las 9:00 a.m. de hoy y estaba acompañada por la niña, dijo el comandante.

“Se veía bien”, dijo el jefe policiaco regional. “Entiendo que va a ser entrevistada”,añadió.

Arocho dijo que otras personas, como funcionarios del municipio, ya han sido entrevistadas como parte de esta investigación, que es un esfuerzo conjunto entre la Policía, la fiscalía y el Departamento de la Familia. El conductor de la guagua sería entrevistado más tarde, informó el comandante.

También se solicitarían récords médicos de la menor.

Los padres de la niña no quisieron dar declaraciones a la prensa porque, según Arocho, el padre y la madre de la niña trabajan para el municipio. El funcionario declinó comentar si es que los progenitores de la niña temían represalias en sus empleos.

"Los padres no quieren que se divulgue información toda vez que son empleados del municipio", dijo el comandante.

Por su parte, el municipio ya comenzó su pesquisa interna con el proceso de entrevistas y, en lo que concluye la misma, las personas implicadas fueron separadas de sus cargos.

Se informó que el licenciado Roberto Bonano fue designado como el investigador para esta pesquisa y que Hiram Morales Lugo, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), sería el oficial examinador. El investigador es quien recopila la información y prepara un informe para los hechos que es referido al alcalde Ángel Pérez.

El oficial examinador es quien atiende que se cumpla el debido procedimiento de ley a los empleados y determina si procede o no una sanción disciplinaria si es que hay un empleado que no está de acuerdo con el informe.