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Policías trasladados por colgarse en prueba de polígrafo

Por Maribel Hernández Pérez 04/28/2017 |00:00 a.m.
Esta es la máquina que se utiliza para hacer la prueba del polígrafo. (Archivo)  
La reubicación provocó gran malestar entre los agentes.

Cerca de un centenar de agentes adscritos al Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales recibió ayer cartas de traslado a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC), tras fracasar en la prueba del polígrafo que les dieron entre el 2015 y el 2016.


Entre los 89 traslados figuran agentes, sargentos y un teniente, quien es subdirector de una de las divisiones.

Entre los oficiales que serán asignados a nuevas funciones no figura el jefe de la oficina de San Juan, el teniente Iván Bahr, quien está bajo fuego por intervenir con dos universitarios en el Capitolio sin exhibir su identificación policial.

“Alegaron que no pasamos la prueba del polígrafo, pero ni los resultados nos los han dado. Yo tomé otra prueba de polígrafo para un trabajo en seguridad en los Estados Unidos y la pasé. Otro compañero pasó el polígrafo del Task Force de la DEA y éste no. Todo el mundo va a impugnarlo”, sentenció uno de los agentes citados y quien habló bajo anonimato con Primera Hora.

Aclaró que las cartas que les entregaron no indicaban la razón de su traslado, sino que argumentaban “exigencias de servicio”.

Faltan alrededor de 100 agentes por tomar estas pruebas y no se descartan nuevos traslados, según fuentes allegadas al proceso.

Desde el 29 de septiembre de 2015, luego del operativo federal por corrupción y narcotráfico contra un grupo de agentes de ese negociado denominado los Suricatos, el Asesor de Cumplimiento Técnico de la Reforma Sostenible de la Policía le solicitó al entonces superintendente José L. Caldero López, que iniciara una reorganización y que se sometieran a las pruebas de polígrafo a todos sus oficiales.

En ese momento Caldero, defendió el uso de polígrafo como mecanismo para ayudar a identificar agentes corruptos, acción que describió como medida cautelar.

Sin embargo, las pruebas se comenzaron a ofrecer antes de la firma de la orden general para la reestructuración del negociado, que fue en 13 de septiembre del 2016.

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, no emitió comentarios del tema.

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