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Refieren a Familia investigación contra la presidenta del FEI Nydia Cotto Vives

Por Femmy Irizarry Álvarez y Daniel Rivera Vargas 12/14/2018 |11:30 a.m.
Luis A. Pérez Vargas, subdirector ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, negó que fuera un toallazo, sino que se evaluó detenidamente el contrato y los pormenores de la denuncia. ([email protected])  
El caso se refiere por un contrato que tuvo con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

El subdirector ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, dijo que tras una investigación de más de dos años, se determinó que no tienen jurisdicción para investigar a la presidenta del Panel del Fiscal Independiente (FEI), Nydia Cotto Vives, en las alegaciones sobre supuesto conflicto de interés relacionada a un contrato que tuvo con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

En este caso, el comportamiento cuestionado a Cotto Vives no emana de su labor como presidenta del FEI, sino como contratista, y solo podía ser examinado por el “Código de Ética del contratista”, esto al amparo de la Ley 84 de 2002.

“El foro correspondiente es que tiene que atender el asunto”, sostuvo en conferencia de prensa..

Recordó que Cotto Vives, exjueza del Tribunal de Apelaciones, tenía “dos sombreros”, uno como presidenta del panel y (otro como) contratista gubernamental, esto porque tenía una dispensa válida del Departamento de Estado para tener ese contrato al tiempo que dirigía al FEI.

Aceptó que su oficina sí tiene injerencia sobre las funciones de Cotto Vives como presidenta pero no como contratista ya que bajo la Ley de Etica Gubernamental esas funciones no entran bajo la definición de servidor público.

Pérez Vargas dijo que la próxima semana se enviará una comunicación escrita a ADSEF, una de las agencias pertenecientes al Departamento de la Familia, para que ellos evalúen si violó ese código.

Es esa agencia, en virtud del Código de Contratista, la que tiene la responsabilidad de analizar si “había alguna acción impropia en esas funciones”.

La Ley de contratistas, “vigente al momento de los alegados hechos, otorga la exclusividad a la agencia contratante de investigar o verificar alguna violación al Código de Contratista”, mencionó el funcionario. 

El subdirector dijo que durante la investigación se evaluó detenidamente el contrato y los pormenores de la denuncia al tiempo que señaló que fue “un caso complejo”.

“Las actuaciones que hizo son relacionadas a su contrato, y las disposiciones del contrato son asuntos que la Oficina de Ética no administra… Luego del análisis… no hubo un vínculo entre los dos sombreros que ocupa la presidenta del Panel del FEI ”, sostuvo.

“Si es bola es bola, si es strike es strike”, añadió cuando se le cuestionó si la determinición de Ética podría verse como  una “toallazo” para Cotto Vives.

Negó que hubieran colocado el caso en “asuntos sin importancia”, sino que se retrasó porque parte de las alegaciones también estaban en proceso judicial o investigación de agencias criminales estatales y federales. Además, había testigos que en medio de su pesquisa administrativa estaban bajo juramento en casos criminales pendientes, entre otras razones.

“El tiempo o el retraso que quisieron algunos mostrar, que la Oficina llevaba dos años con un expediente engavetado… no fue así. Hemos utilizado el término... que nos faculta” la ley, aclaró.

Fue en el 2016 que el Departamento de Justicia solicitó a la OEG que investigara a Cotto Vives por mantenerse como asesora de la ADSEF e intervenir en una investigación de la Oficina del Contralor, mientras presidía el panel. 

La investigación de Ética entró en asuntos como si había evidencia documental o testifical de que Cotto Vives, bajo el sombrero de presidenta del Panel del FEI, usó la influenza de ese puesto “para entrar en sus contratos con ADSEF”.

En ese y otros asuntos la conclusión fue que no.

Pérez Vargas reiteró que contra Cotto Vives no hay “acción penal”, luego que tanto ellos como el Departamento de Justicia vieran y evaluarán el caso.

Sin embargo, insistió en que los delitos contra la Ley (1-2012) Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico no prescriben.

“Si surge una evidencia de que (Cotto Vives) utilizó su sombrero de presidenta del Panel para sus funciones de contrato, se reabre. Esa jurisdicción no la perdemos…”, indicó.

Agregó que no es que la denuncia contra la funcionaria  “quede impune”, sino que es la  agencia contratante “la que le toca analizar si hay algún tipo de violación y adjudicarla…”.

Reacciona la secretaria de la Familia

“En estos momentos es prematuro tomar posición sobre este particular, ya que no hemos recibido el referido por parte de Ética Gubernamental. Sin embargo, de las propias expresiones públicas surge que este caso había sido referido anteriormente por el Departamento de la Familia.

Tan pronto se reciba, se tomarán las acciones que procedan, conforme a las normas y procedimientos aplicables”, comentó Glorimar Andújar, secretaria del Departamento de la Familia.

Jefa de Ética es "familia extendida" de Cotto Vives

La directora de Ética se inhibió en la pesquisa contra Cotto Vives. Rosario tiene o ha tenido en la nómina de OEG a Juan Cotto Vives, hermano de la presidenta del FEI, y abogó en el 2008 por él ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que este fuera restituido a la práctica de la abogacía. El letrado estaba desaforado por una condena a nivel federal por apropiarse ilegalmente del cheque de un cliente.

En aquel entonces, Rosario dijo que se sentía “muy honrada de formar parte de la familia extendida de los Cotto Vives hace más de 25 años”.

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