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Regresa Mario Marazzi-Santiago al Instituto de Estadísticas

Por Bárbara Figueroa Rosa 01/22/2019 |06:34 p.m.
El Instituto de Estadísticas presentó un interdicto que cuestiona la validez de varios nombramientos que el gobernador Rosselló realizó a finales del 2018, al poner en tela de juicio el peritaje y preparación de los funcionarios. Mientras, Mario Marazzi-Santiago, en la foto, retomó su cargo al frente del organismo. (Archivo)  
Mientras el organismo busca declarar nulos nombramientos del gobernador

El doctor Mario Marazzi-Santiago retomó sus funciones como Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas al tiempo que el organismo presenta un interdicto para declarar nulos varios nombramientos que hizo el gobernador Ricardo Rosselló a la Junta de Directores y, por ende, el proceso de destitución que este cuerpo impulsó contra el funcionario.  

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presentó un interdicto y sentencia declaratoria que cuestiona la validez de varios nombramientos que Rosselló realizó a finales de noviembre 2018 a la Junta de Directores de la entidad, los cuales ponen en tela de juicio la independencia de criterio del organismo y el conocimiento y peritaje requeridos a los miembros de la Junta para ejercer sus funciones, en conformidad con la Ley del Instituto.

En específico, la referida Ley en su Artículo 7 establece que la Junta de Directores del Instituto está compuesta de “seis (6) personas de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación y un funcionario de gobierno”.

A finales de noviembre de 2018, Rosselló nombró un segundo funcionario de gobierno a la Junta de Directores, cuando designó al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.

“No obstante, en julio de 2017 el gobernador ya había designado al licenciado Alex López Echegaray como miembro de la Junta de Directores del Instituto. Como López Echegaray servía como vicepresidente de la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico (WIPR), éste ocupaba la única silla destinada a un funcionario público en la Junta de Directores del Instituto. Durante el mismo periodo de tiempo (2017) López Echegaray también ocupaba un puesto en la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico”, indicó el Instituto en comunicación escrita.

El recurso también alega que López Echegaray carece de autoridad como miembro de Junta, luego que en diciembre 2018 renunciara a las juntas de WIPR y el Conservatorio.

“La Ley del Instituto de Estadísticas es clara que solo puede haber un (1) funcionario de gobierno en la referida Junta”, aclara el organismo.

 La demanda presentada plantea, además, que el nombramiento del CPA Harry Santiago Pérez, hecho por el gobernador a finales de noviembre, es nulo “debido a que no tiene competencia reconocida en los campos de estadísticas, economía o planificación”.

Según revela el Instituto, Santiago Pérez cuenta con un bachillerato en administración de empresas con especialidad en contabilidad y finanzas, y una maestría en administración de empresas con especialidad en contabilidad. 

“Dicha preparación no satisface los criterios establecidos por la Ley. El recurso presentado por el Instituto pide al Tribunal que los demandados cesen y desistan de actuar como miembros de la Junta ya que no tienen autoridad para ello”, añade el recurso legal.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan citó a una vista para el 31 de enero de 2019 a las  9:00 a.m. en la que se dilucidará la procedencia del interdicto solicitado por el Instituto.

“Al momento de aprobar la Ley del Instituto de Estadísticas se aspiró a crear una organización con las más altas cualificaciones académicas de excelencia.  Esto es esencial para que la Junta pueda descargar sus funciones y el Instituto pueda ser efectivo en su misión”, expresó el doctor Orville M. Disdier Flores, subdirector del organismo.

Disdier Flores, quien se había estado desempeñado como Director Ejecutivo Interino, informó además que Marazzi-Santiago retomó sus funciones como Director Ejecutivo del Instituto luego de haber tomado la decisión de separarse de su cargo luego que trascendiera una orden de protección en su contra, por parte de su excompañera y madre de su hijo, por un presunto incidente de violencia de género.

Este incidente fue lo que ocasionó un proceso administrativo en su contra que provocó que el pasado 29 de octubre se separara temporeramente de su cargo y dejara bajo interinato a Disdier Flores.

Semanas después, la Junta atendió la controversia y decidió -por mayoría de votos- solicitarle la renuncia a Marazzi-Santiago, acción que este rechazó por lo que se inició un proceso de remoción.

Este diario intentó obtener una reacción de Marazzi-Santiago. En cambio, refirió la petición a Sandra Morales Blanes, oficial de prensa, quien se limitó a decir que el funcionario regresó a sus labores ayer.

Sin embargo, Primera Hora supo que Marazzi-Santiago emitió una carta al presidente de la Junta de Directores, Arnaldo Cruz, explicando las razones para su reincorporación.

En la misiva, aclaraba que su retiro del organismo se llevó a cabo en medio de una situación personal (orden de protección), proceso que actualmente está en el Tribunal de Apelaciones.

Además, según las fuentes de este diario, Marazzi-Santiago recordó en la carta que estaba en una licencia de enfermedad, ya que su salud se vio deteriorada en medio del escándalo. Ahora su médico le dio el visto bueno para regresar a sus labores.

Primera Hora intentó comunicarse con Cruz a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero al momento no se ha recibido respuesta.

Marazzi- Santiago, quien lleva más de 10 años dirigiendo el Instituto, estuvo en el ojo público durante el pasado año, pues el gobernador había ordenado la destitución de la Junta de Directores de organismo e hizo nuevos nombramientos.

Esta acción fue rechazada de inmediato por el director ejecutivo, quien apoyó un caso incoado por el Instituto contra las acciones promovidas desde Fortaleza.

Tras meses de controversia, el juez Anthony Cuevas Ramos, juez superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le ordenó al Primer Ejecutivo desistir de intervenir indebidamente con el instituto. Mientras, se declaró nula la directriz de Rosselló.

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