Cuarenta agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales y tres tenientes fueron trasladados el viernes de la semana pasada porque no tomaron las pruebas de polígrafo que son un requisito mediante una Orden General revisada que entró en vigor el 25 de julio.

La sección de Normas, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la Reforma Sostenible de la Policía contempla que las personas que soliciten traslados a las Divisiones de Drogas, así como la permanencia en las mismas tienen que someterse al polígrafo.

El reglamento bajo el cual opera en la actualidad el Negociado en más riguroso ya que estableció la creación de la Junta de Evaluación de Divisiones Especializadas que tiene como función revisar que las personas que solicitan traslados a las divisiones cumplan con los estándares al igual que los que los agentes que ya laboran como un requisito de permanencia.

En estos casos el grupo no estuvo disponible para tomar las pruebas por diversas razones, entre ellas médicas, según fuentes policíacas. No se precisó en cuantas ocasiones fueron citados para tomarla.

Del total de 43 traslados a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC), al menos 13 agentes del área de Arecibo pasaron a los distritos de Manatí y Barceloneta.

Los tenientes que dirigían las divisiones de Cabo Rojo, Aibonito y Bayamón también fueron trasladados.

En abril del año pasado, se expidieron 89 cartas de traslado de agentes, sargentos y un teniente, pero en esta ocasión la razón expuesta fue porque no pasaron las pruebas de polígrafo.

Desde ese momento se comenzó a rumorar que todavía faltaban unos 100 agentes y supervisores más por trasladar los cuales eran mantenido realizando labores de inteligencia y en los Planes Anticrimen.

Desde el 29 de septiembre del 2015, cuando ocurrió el operativo federal por corrupción y narcotráfico contra un grupo de agentes de ese negociado denominado los Suricatos, el Monitor Arnaldo Claudio le solicitó al entonces superintendente José L. Caldero López, que iniciara una reorganización del Negociado y que se sometieran a las pruebas de polígrafo a todos sus oficiales. 

En ese momento Caldero defendió el uso de polígrafo como mecanismo para ayudar a identificar agentes corruptos, acción que describió como medida cautelar. 

Sin embargo, las pruebas se comenzaron a ofrecer antes de la firma de la orden general para la reestructuración del negociado, que fue en 13 de septiembre del 2016, pero en su quinto Informe de Cumplimiento, Claudio planteó que la agencia había sido lenta en acoger alrededor de las 40 recomendaciones que hizo, entre ellas la de suministrar pruebas de polígrafo a los oficiales como un requisito de ingreso a las unidades especializadas. 

El detector empleado para estas pruebas de polígrafo sirve registrar las respuestas corporales de una persona cuando se la interroga y detectar si miente consiste en varios instrumentos combinados de forma que registren simultáneamente las fluctuaciones en la presión sanguínea, el pulso y la respiración ante las preguntas que se le formulan.

Los agentes y supervisores también tienen que aprobar también exámenes de aptitud con un mínimo de un 70%, una evaluación psicológica, prueba de dopaje, una investigación de campo y todos los adiestramientos que exige la Reforma de la Policía incluyendo el curso de derechos civiles.

Con estos traslados se desconoce la cantidad de personal que están laborando para el Negociado, que para el 2016 tenía más de 500 agentes y supervisores.