El Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía Estatal estará bajo fuego durante los próximos meses porque será sometida a una revisión propuesta por el secretario de Justicia y fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions.

No se descarta que esté sujeta a modificaciones las fusiones de las agencias de seguridad y  la privatización de servicios. 

Así opinó ayer William Ramírez Hernández, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), quien recordó que el ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, desde que era candidato, ha señalado que estos acuerdos de Reformas de la Policía los desautorizan para hacer ciertas intervenciones y le atan las manos al policía. 

“Él ha visto los acuerdos de reforma como obstáculos para que la Policía pueda hacer su trabajo, por lo tanto, dándole seguimiento a esa preocupación del presidente de los Estados Unidos, el secretario de Justicia está pidiendo revisar no uno, dos o tres, todas las reformas de las policías para ver si cumplen con las preocupaciones. Así es que si se viran para atrás algunas de las reformas pues vamos a ver una repetición de la conducta que estaban incurriendo las policías de estos lugares”, detalló Ramírez Hernández, abogado de profesión. 

Aunque considera que en la Isla no se le dará tanto énfasis a la revisión de la reforma,  entiende que tiene sus peculiaridades debido que enfrenta la creación de un Departamento de Seguridad Pública, que convierte en un negociado a la Policía tras consolidación de siete agencias.

Sin embargo, el agravante a su juicio serían las iniciativas del Gobierno para la privatización de la agencia mediante la contratación de policías para trabajos de seguridad a tiempo parcial en la empresa privada ya que considera que sus servicios deben ser para la ciudadanía en general y no para quien la pueda pagar. 

Además, el líder de ACLU planteó que la propuesta impactaría al fisco porque las demandas, en caso de que el policía les cause daños a terceros o hasta la muerte  irían contra la agencia que le permite trabajar con su equipo. 

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández , coincidió con Ramírez Hernández en el sentido de que considera que Puerto Rico no sería de las primeras jurisdicciones en ser revisadas, porque son prioridad Baltimore y Nueva York, pero está preparada para enfrentar el proceso.