Nota de archivo: publicada hace más de 90 días

Se suman voces para que Pesquera considere la activación de la Guardia Nacional

Por Primerahora.com 09/07/2018 |06:46 p.m.
(Archivo)  
El senador Laureano Correa quiere que se envíen tropas al área este del País.

Para reforzar la seguridad del área este de Puerto Rico, ante el alza en crímenes violentos de los pasados días, el senador del distrito de Humacao, Miguel Laureano Correa, hizo un llamado al comisionado de Seguridad y Protección Pública, Héctor Pesquera, a que reconsidere la activación de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Su reclamo se une al del alcalde de Toa Baja, Bernardo "Betito" Márquez, quien ayer abogó por la activación de tropas para enfrentar la ola criminal, luego de que se registrara en su municipio la segunda masacre del mes.

A pesar de que Laureano Correa reconoció la “labor y esfuerzo” que están llevando a cabo las policías municipales y estales en los municipios que comprenden su distrito, afirmó que “no es suficiente” ante la situación de peligrosidad que confrontan las comunidades.

“La Policía de Puerto Rico está en la calle luchando duramente contra el crimen, pero necesitamos apoyarlos con refuerzo que complementen ese trabajo. La Guardia Nacional puede ser una solución efectiva a esta crisis”, expresó el legislador en declaraciones escritas.

Adelantó que la semana próxima estará reunido con Isabelo Rivera, ayudante general de la Guardia Nacional, para auscultar sugerencias que se puedan incorporar a los planes de trabajo de los cuerpos de seguridad del distrito de Humacao.

Igualmente, expresó interés de discutir con los alcaldes del distrito un plan da regional que contribuya a garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Que entreguen las armas

Recientemente, el senador radicó el Proyecto del Senado 1072 que enmendaría el Artículo 7.11, de la “Ley de Armas de Puerto Rico”, a fin de declarar una amnistía general de 90 días desde la vigencia de la aprobación, para que toda persona que tenga o posea un arma de fuego o municiones obtenidas de forma ilegal, pueda deshacerse legalmente de las mismas, entregándolas de forma voluntaria a la Policía, sin que se inicie contra su persona procedimiento penal alguno. 

“Toda persona que entregue voluntariamente a la Policía un arma de fuego ilegalmente adquirida, encontrada sin que se conozca su procedencia, o que de cualquier otro medio ilegal llegue a su poder y que constituya posesión o tenencia ilegal, no será acusado ni procesado por infringir ningún estatuto o ley que penalice dicha posesión o tenencia ilegal o contraria a la ley, entendiéndose que la presente amnistía se limita estrictamente a la posesión incidental para la entrega de ésta”, señala la medida.

Asimismo, la medida dispone que, en aras de resolver el problema de almacenamiento de armas, se facultaría a la Policía de Puerto Rico para disponer de las armas recogidas, según disponga el Reglamento de la Policía establecido en su mecanismo de trade-in, conforme a los parámetros legales correspondientes.

En las amnistías anteriores no se le otorgó en la Ley a la Policía la autoridad para disponer de las armas entregadas.

“La Policía de Puerto Rico establecerá mediante reglamento los costos por concepto de almacenamiento de armas y/o municiones, y en su consecuencia, no entregará armas y/o municiones almacenadas, hasta tanto se salde el total adeudado .Luego de pasado los tres (3) años de haber recibido dichas armas y/o municiones para su almacenamiento por la Policía de Puerto Rico, ésta podrá disponer de las mismas, según disponga el Reglamento de la Policía establecido en su mecanismo de trade-in”, establece una de las medidas.

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