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Swain pide más información a la Junta y el gobierno sobre acuerdo de deuda en AEE

Por Osman Pérez Méndez / [email protected] 06/12/2019 |06:40 p.m.
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Varias partes que se oponen al pacto, entre otras cosas por la falta de información sobre el mismo o porque no fueron incluidas en el proceso, aplaudieron la decisión.

La jueza Laura Taylor Swain, a cargo de dirigir los procesos de quiebra y reajuste de la deuda de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Promesa, tomó por sorpresa a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf) al exigirles un caudal de información adicional sobre el acuerdo de restructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en lugar la aprobación de la moción que habían presentado para dar paso al mismo.

La jueza Swain explicó que, para poder aprobar un acuerdo de tal magnitud y alcance no bastaba con una recomendación positiva de la JSF, y en cambio necesitaba mucha más información detallada. Entre otras deficiencias en la moción sometida por el gobierno, la jueza señaló que la misma no mostraba la base legal para el acuerdo ni una explicación clara sobre los asuntos legales que lo justifican. Tampoco proveía detalles de cómo se implantaría, o qué procesos regulatorios y legislativos afectaría.

“Todo eso es información muy importante que necesito evaluar antes de tomar una decisión. Dicen que el acuerdo de restructuración en su totalidad es beneficioso, y si es así, pues excelente. Pero yo necesito ver el material y los argumentos que respaldan eso”, insistió la jueza, que también pidió al gobierno que explique el impacto que tendrá el acuerdo no solo para los involucrados sino también para terceros, incluyendo partes no litigantes.

Varias partes que se oponen al pacto, entre otras cosas por la falta de información sobre el mismo o porque no fueron incluidas en el proceso, aplaudieron la decisión de la jueza de exigir la divulgación de más detalles.

Luego de un receso, un extenso debate y las frecuentes interrupciones que tuvo la vista por problemas de audio, la jueza acordó conceder hasta el próximo martes al mediodía para que las partes entreguen una propuesta que incluya las fechas en las que entregarán todo el material que solicitó, así como un plan para argumentar el acuerdo ante la corte en una próxima audiencia.

Más temprano en la jornada, a la JSF le había ido mejor, luego que la jueza viera con buenos ojos los acuerdos alcanzados por el ente regulador con un gremio representante de los maestros del sistema de educación pública (la Asociación de Maestros) y con un comité representantes de pensionados del gobierno.

Dichos acuerdos, no obstante, están sujetos todavía a posibles litigios y reclamaciones, y la revisión y aprobación por parte de la jueza.

Sin embargo, el representante legal de la Aafaf criticó ambos pactos y advirtió que el gobierno se opondrá a los mismos. El abogado insistió en que el gobierno entiende que ya los pensionados han sufrido suficientes recortes y que es su deber proteger a los más vulnerables. Agregó que los recaudos logrados por el gobierno y las proyecciones de recaudos indican que hay dinero suficiente para que el gobierno pueda cumplir con los pagos de pensiones.

Por otro lado, el abogado de la JSF anunció que en 30 días someterían el plan de ajuste del gobierno. También alertó de que había otras negociaciones importantes en curso, cuyos resultados podrían anunciar pronto.

En otro asunto discutido en la tarde, un representante legal de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura argumentó en contra de que la JSF fuera a modificar las pensiones de la Judicatura. Dijo que el ente fiscal “no tiene ninguna jurisdicción” para tomar tal acción, y que permitirlo afectaría la división de poderes bajo el sistema de gobierno republicano. Insistió en que solo el Congreso tenía tal autoridad.

Pero el abogado de la JSF ripostó que cuando recortaron el presupuesto de la Legislatura ese argumento fue traído tanto ante la corte de la jueza Swain como ante el Primer Circuito de Apelaciones y ambos foros fallaron favor de la JSF. También rebatió que se alterara la independencia judicial, puesto que los recortes no impactan particularmente a los jueces, sino a muchos otros también. Reiteró además que el texto de la Ley Promesa dice que “prevalece sobre cualquier ley local o de un territorio que sea inconsistente con sus disposiciones”, y aclaro que, al momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre cómo se impactarán las pensiones de la Judicatura.

Asimismo, en otro de los asuntos que fueron abordados en la vista, la jueza regañó a la JSF por no atender con la diligencia adecuada el problema del sinnúmero de demandas consideradas duplicadas. Ordenó revisar dichas demandas y someter nuevamente la documentación explicativa requerida a los demandantes.

La próxima vista general de los procesos de quiebra del gobierno está pautada para el 26 de junio, en Boston.

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