La jueza Laura Taylor Swain le puso un freno, al menos momentáneo, a lo que parecía un carro a todo motor hacia la aprobación del plan de ajuste de Cofina, promovido por esa entidad, el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como una coalición de bonistas senior de Cofina y otros grupos involucrados.

En el segundo día de la vista para decidir sobre el acuerdo, la jueza Swain, designada para liderar el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo las disposiciones de la ley federal Promesa, anunció que tras escuchar a las partes se reservaba el fallo sobre la aprobación del plan, y exigió a los abogados de la JSF y Cofina documentación adicional que aclare controversias que persisten.

Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) es el mecanismo que creó el gobierno para poder emitir más deuda, a pagarse a través del IVU (Impuesto a la Venta y Uso). Dentro de Cofina está aproximadamente una cuarta parta de la enorme deuda de Puerto Rico.

Aunque los proponentes del acuerdo insistieron en que la corte contaba con la autoridad para avalar el mismo, la jueza Swain cuestionó si en efecto tenía una autoridad tan abarcadora, y expresó reservas sobre el efecto que podría tener sancionar todo el mecanismo de Cofina y el sinnúmero de documentos y aspectos legales adicionales que conlleva, tal como le estaban solicitando.

La juez también mostró preocupación por la posibilidad de liberar de responsabilidad a bancos o entidades inversionistas, o a pasados funcionarios de gobierno involucrados con Cofina contra los que se pudieran entablar reclamaciones.

En algún momento, llegó incluso a preguntarle al abogado de Cofina si acaso le pedía que rescribiera la Constitución de Puerto Rico. 

Durante la vista, además, otras personas tuvieron la oportunidad de expresarse, a favor y en contra del acuerdo, tal como ocurrió el primer día.

El abogado Rolando Emmanuelli Jiménez expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza de no admitir el reporte del Dr. Alameda (que no favorece el plan), y reiteró que los proponentes “no han mostrado prueba suficiente para justificar la necesidad del acuerdo”.

Gilberto Lugo habló en representación de varias cooperativas de ahorro y crédito, y expresó su rechazo al acuerdo. Dijo que violaba disposiciones regulatorias y agregó que había litigios pendientes que debían resolverse antes de avalar el acuerdo.

Asimismo, algunos bonistas junior (subordinados), que recibirán solo 54% de lo invertido, expresaron su oposición al plan, que otorgaría 93% a los bonistas senior.

Gary Eisenberg, abogado de GMS, alegó que el acuerdo se negoció de mal fe, y que no había razones válidas para pagar más a los bonistas senior (principales) que a los junior.

El bonista subordinado Mark Elliot reclamó que los bonistas junior debían tener los mismos derechos que los senior y exigió les devolvieran cada centavo invertido.

El bonista junior Peter Hein reclamó que con la nueva legislación aprobada para Cofina, se había creado “una trampa legal”, y además había elementos de discriminación hacia ciertos bonistas. Agregó que el acuerdo violaba la cláusula de contrato avalada por la Constitución de los Estados Unidos y reclamó que solo fue pactado por unas partes, dejando fuera otras. Además denunció que, si bien el gobierno de Puerto Rico alegaba que necesitaba fondos, por otro lado la página del Contralor mostraba que se estaban gastando miles de dólares en anuncios y recientemente habían otorgado $400 millones en bonos de Navidad y además habían bajado impuestos.

El bonista junior Lawrence Dvores dijo que los que señalan un apoyo abrumador de bonistas al pacto son “aquellos que se han enriquecido gracias pactos injustos e ilegales a expensas de otros”.

La ciudadana Rafaela Esteves reclamó ante la jueza que “la gente de Puerto Rico ya ha sufrido suficiente” y que estaba allí para dejarle saber que “no aprobamos este acuerdo… el gobierno ha actuado a nuestras espaldas”.

“Estamos aquí representándonos porque nadie nos representa. Toman decisiones sin consultarnos”, afirmó. “Creemos que Cofina ni siquiera cumple con la Constitución”.

Nicole Rodríguez, boricua residente en el Sur de Florida, dijo que en la diáspora había gran preocupación por los que continúan en la Isla, y que este acuerdo solo aumentaría la emigración. “Ese acuerdo solo beneficia a una gente adinerada, a los bolsillos de gente que ni vive aquí, que lo importa lo que pase aquí, no a un pueblo que ya está agobiado”.

El abogado y profesor de derecho José Torres Asencio reiteró las dudas sobre la legalidad de Cofina, “una corporación paralela para evadir la Constitución”, y agregó que el acuerdo no beneficia a Puerto Rico. Explicó que apenas 17 compañías son acreedores de casi la mitad de Cofina, y que se han beneficiado con la desgracia de Puerto Rico. “Si el Gobierno y la Junta (de Supervisión Fiscal) deciden no proteger a la gente, esta corte no debe avalarlo”, reclamó.

Por su parte, varias aseguradoras expresaron su respaldo al acuerdo, en parte porque permitía continuar los procesos de la quiebra.

En su turno, los abogados de la JSF y de Cofina, negaron los argumentos presentados por los bonistas. Repitieron que el pacto había tenido un apoyo abrumador de los bonistas y sostuvieron que todo el pidió ser parte de las negociaciones se le permitió hacerlo. Plantearon además que no se había mostrado evidencia que pusiera en duda la validez constitucional de Cofina, y que el planteamiento del representante era “una disputa interna sobre procedimiento legislativo”. Insistieron en que el plan permitiría la recuperación de Puerto Rico y que pone dinero en manos del gobierno para tales fines.

Luego de escuchar a las partes, la jueza agradeció a todos los que habían trabajado en el acuerdo y a quienes habían acudido a prestar testimonio y expresar su preocupación. “Sé que no me eligieron para esto. Pero me honra haber sido escogida para esta tarea y trataré de hacer lo mejor posible”, afirmó.