La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) paga desde el 2013, $5.4 millones anuales en exceso por la renta del estacionamiento del Centro Judicial de Caguas, según el más reciente informe de la Oficina del Contralor.

Según un comunicado de prensa sobre el informe, al 31 de enero de 2018, había pagado $22.4 millones en exceso de la renta razonable y de persistir esta situación estaría pagando $180.3 millones al término del contrato firmado por 30 años.

Se informó que "contrario a la ley y a las normas de sana administración", la entonces directora de la OAT formalizó el contrato de arrendamiento el 27 de mayo de 2011, en el cual se fijó un canon de arrendamiento por pie cuadrado en vez de por el número de espacios de estacionamiento, como es uso y costumbre en el mercado de bienes raíces. Por eso, en la Región Judicial de Caguas se está pagando $384 mensuales por espacio de estacionamiento, muy por encima a las comparables de $40 a $50 aproximados que se paga en Caguas y entre $75 y $85 mensuales que se paga en las áreas prime de Hato Rey.

Este examen fue validado por un perito ingeniero civil y tasador profesional contratado por la Contraloría. Además, el perito contratado por la misma OAT en el 2011 para evaluar los costos de arrendamiento, concluyó que la norma para fijar el alquiler de espacio se obtiene sobre la base del número de estacionamientos y no por los pies cuadrados del edificio.

El Informe de un hallazgo recomienda a la secretaria de Justicia considerar estas situaciones y que tome las medidas que correspondan, y al director administrativo de los tribunales que renegocie el canon de arrendamiento del estacionamiento.

La auditoría comenta también que la decisión de la OAT de construir un edificio para las instalaciones del Centro Judicial de Caguas y los tribunales de la región, aumentó los gastos de la Región Judicial de $747,399 a $17.6 millones anuales. El pago de la renta por los próximos 30 años del contrato será de aproximadamente $582.9 millones en total. Además, al 31 de enero de 2018, no habían utilizado la cafetería ni el gimnasio, ni 473 estacionamientos para empleados (ver fotos en el anejo 5 del Informe).

"Proyectos de esta envergadura que comprometen los presupuestos presentes y futuros, pueden representar una carga financiera en momentos de crisis fiscal. Desde el 2006, se han aprobado más de seis leyes que declaran al Gobierno de Puerto Rico en estado de emergencia fiscal", concluye el comunicado.