“Voluminosa prueba” contra Ramón Rodríguez y Soniel Torres

Por Nydia Bauzá / [email protected] 11/20/2018 |12:56 p.m.
A fin de agilizar los procesos, el acuerdo con la defensa es de autenticar documentos, más no su contenido, que figuran en poder de Garau y de los fiscales, Manuel Núñez Corrada y Cándida Sellés. ([email protected])  
Fiscales y abogados acordaron reunirse y someterle al tribunal una moción con las estipulaciones.

Los fiscales y los abogados de defensa del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz y de la exdirectora de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez estipularán la autenticidad de decenas de documentos antes de que inicie el desfile de pruebas en la vista preliminar los días 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2019.

Así lo acordaron las partes hoy en una vista sobre el estado de los procedimientos del caso ante el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“La prueba es voluminosa”, dijo el fiscal especial independiente (FEI) Guillermo Garau al informarle al juez que fiscales y abogados acordaron reunirse el 18 de diciembre y someterle al tribunal una moción con las estipulaciones. La reunión será en las oficinas del FEI a las 9:00 de la mañana.

A fin de agilizar los procesos, el acuerdo con la defensa es de autenticar documentos, más no su contenido, que figuran en poder de Garau y de los fiscales, Manuel Núñez Corrada y Cándida Sellés.

Garau mencionó que estipularían la autenticidad de los récords médicos de Torres Suárez del Hospital Menonita de Guayama a donde ésta fue a recibir asistencia médica el 11 de noviembre de 2017. En sus primeras entrevistas con policías, la entonces empleada legislativa señaló a Rodríguez Ruiz como el autor de una agresión que había sufrido en el rostro el 10 de noviembre de 2017, en una carretera en Santa Isabel. Sin embargo, después de haberlo identificado con su puño y letra en una querella y de haberle mostrado su foto a la Policía, Torres Suárez, exoneró al legislador de los hechos.

Otros documentos que serían autenticados incluyen el testimonio que Torres Suárez prestó ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, así como la transcripción del informe de las vistas legislativas de mil páginas. Además, se estipularían otros documentos de la Cámara sobre las organizaciones sin fines de lucro creadas por Rodríguez Ruiz, así como la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, de su elección como representante novoprogresista en noviembre de 2016.

Un informe que encomendó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez al oficial investigador Ernie Cabán señaló irregularidades en la creación, nombramiento de directores y la designación de fondos de las organizaciones sin fines de lucro, "Lazos dorados de amor" del 2 de enero de 2017 y la organización "Futuros deportistas" del 10 de enero de 2017. El informe dice que estas organizaciones fueran creadas por Rodríguez Ruiz en su oficina legislativa con materiales y equipos de la Cámara de Representantes.

La documentación concluye, además, posibles irregularidades en los salarios altos de varios empleados y un contrato otorgado a un amigo del legislador que facturaba a razón de 8 horas diarias a pesar de ser empleado a tiempo completo de un colegio.

Otro de los puntos contenidos en el informe es la compra de una Toyota Tacoma blanca adquirida en marzo de 2017 por Torres Suárez la cual era utilizada por el representante Rodríguez Ruiz.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de su escaño por el distrito 27 (Santa Isabel, Coamo y Aibonito) el 15 de febrero de este año en un juicio por residenciamiento del pleno de la Cámara de Representantes.

Tanto el exlegislador novoprogresista como Torres Suárez rehusaron hacer expresiones hoy a la prensa a su salida del tribunal. Rodríguez Ruiz estaba asistido por sus cuatro abogados: Lorenzo Román, Luis Noel Rodríguez Ruiz, Luis Pinto Andino y Chaka Bermúdez Allende. A Torres Suárez la representan, Mario Moczó y Lester Arroyo Pérez.

Torres Suárez enfrenta cargos por perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, fraude o engaño sobre testigos y fraude, mientras que el exrepresentante encara cargos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales. Ambos están libres bajo fianza de $30,000 que fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

Regresa a la portada