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Y sigue el juicio por fraude electoral en Guaynabo

Por Primerahora.com 10/31/2014 |04:27 p.m.
El puesto se lo disputaron el entonces representante Ángel Pérez y Antonio Soto. (Archivo)  
Se alega que la intención de los acusados era votar en la primaria del PNP para escoger la persona que sería el candidato a representante del Precinto 7.

La jueza Agnes Orriola, del Tribunal de Bayamón, fijó para el próximo 2 de diciembre una vista de estatus en el caso que se lleva contra siete acusados por un alegado fraude electoral en Guaynabo, informó la oficina de prensa de la Rama Judicial.

Los acusados Wilfredo Colón Rosa, Raúl San Inocencio Vázquez, Leonides Torres Ramos,  David Rosario López, José Colón Colón, Ismael Pérez Rivera y Sharlene Rivera Rivera enfrentan juicio por supuestamente acudir a la Comisión Estatal de Elecciones a cambiar su dirección residencial por una falsa, ubicada en el Precinto 7 de Guaynabo.

En algunos casos, hasta cinco personas proveyeron la misma dirección, según las imputaciones del Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal Edmanuel Santiago, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

Se alega que la intención era que los acusados, en marzo de 2012, votaran en la primaria del Partido Nuevo Progresista para escoger la persona que sería el candidato a representante del Precinto 7 por esa colectividad política en los comicios generales.

El puesto se lo disputaron el entonces representante Ángel Pérez y Antonio Soto. La primaria fue dominada por Soto, quien eventualmente pasó a ocupar el escaño ocupado durante dos cuatrienios consecutivos por Pérez. Poco después de la primaria, efectuada el 18 de marzo, Pérez denunció fraude en la votación y pidió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no confirmara como ganador a Soto.

En relación a un supuesto esquema de fraude, en los tribunales no han progresado una treintena de imputaciones contra distintos ciudadanos, ya sea porque los fueron desestimados, no progresaron en la fase de vista preliminar en alzada o porque el Ministerio Público solicitó archivarlos.