El director ejecutivo de la ACLU, Lcdo. William Ramírez Hernández, cuestionó si la intención del gobierno es la privatización de los servicios que ofrece la Policía. 

“Nos parece que se busca privatizar a la Policía de Puerto Rico, quienes trabajarán como oficiales del gobierno limitados a servirle a quien le pueda pagar su salario; y suponemos respondiendo a las particulares exigencias de ese patrono privado”, expresó Ramírez Hernández, en declaraciones escritas. Entre las reservas que tiene la ACLU mencionó que se desconoce de qué manera impactará la legislación al proceso de Reforma de la Policía. 

“¿Cuál sería la responsabilidad del estado en casos en que un oficial de la policía incurra en abuso de poder o exceso de fuerza mientras se identifica como agente del gobierno de Puerto Rico, sin que cuente con la debida supervisión; mientras labora para un comerciante privado?”, cuestionó Ramírez Hernández, en un comunicado de prensa. 

En su análisis de la medida opinó que la Policía de Puerto Rico prestará servicios privados de seguridad pública a personas pudientes, con el subsidio del pueblo, “mientras el restante del pueblo no cuenta con los recursos necesarios para sufragar tan privilegiado servicio de seguridad”.