El tribunal federal activó el protocolo para casos de pena de muerte ante las denuncias federales contra Sean Díaz de León y Juan Carlos Pagán Bonilla por el asesinato de dos mujeres trans en Humacao.

Así lo informó el magistrado federal Marshal Morgan hoy, durante la comparecencia inicial de ambos, mediante videoconferencia, ya que el tribunal federal mantiene medidas de trabajo remoto ante la emergencia del coronavirus COVID-19.

Los medios de comunicación pudieron escuchar por vía telefónica el proceso ante el magistrado federal, quien podía ver por videoconferencia a los abogados, fiscales y los imputados, quienes se encontraban en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo.

Ambos imputados se encuentran bajo custodia de las autoridades federales desde la semana pasada, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sometió una denuncia contra Díaz de León y Pagán Bonilla por los asesinatos de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.

Según la declaración jurada que acompañó la denuncia del FBI, la confesión de Pagán Bonilla relata que Díaz de León decidió asesinar a las víctimas en medio del enojo que le produjo conocer que eran mujeres trans después de socializar en la casa de una de las víctimas en Las Piedras.

El FBI sometió alegaciones de crímenes de odio, así como el uso de armas de fuego y carjacking que resultaron en la muerte de una persona. El tribunal emitió las ordenes de arresto por las últimas dos alegaciones.

"Este caso es elegible para la pena de muerte", sostuvo Morgan. "Por eso, hemos activado el protocolo de caso de pena de muerte".

Acto seguido, Morgan informó a las partes que para este viernes tienen que llenar documentos relacionados a la asignación de abogados expertos que acompañarán a los representantes legales ya asignados.

El primero en comparecer hoy fue Díaz de León, representado por Vivian Torralba, de la Oficina del Defensor Público, entidad que asignará un abogado para defenderlo por el resto del caso.

Mientras, Pagán Bonilla también estuvo representado por Torralba, pero para el resto del caso su abogada será la licenciada Lydia Lizarríbar.

Por la fiscalía federal, José Conteras está a cargo del caso.

Debido a que la acusación fue por medio de una denuncia del FBI, Morgan explicó que el Ministerio Público tiene 30 días para obtener una acusación formal por un Gran Jurado.

De lo contrario, tendrá derecho a una vista preliminar con testigos de cargo y de la defensa.

Se espera que a través del Gran Jurado la fiscalía federal someta el cargo por violación federal a la Ley de Prevención de Crímenes de Odio.

La vista de detención preliminar y de fianza quedó pautada para el jueves 30 de mayo, cuando le corresponderá a cada uno declararse culpable o no culpable.

El magistrado federal informó a las partes que los imputados también pudieran exponerse a cierta cantidad de años de cárcel o cadena perpetua, así como a una multa de hasta $250,000.

Aunque los cargos imputados pueden conllevar la pena de muerte como condena máxima, le corresponderá al Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitar que se busque dicho castigo.

Desde que se conoció que el FBI asumió la jurisdicción, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió a las autoridades federales que no intenten imponer la pena de muerte.

La denuncia federal se basa en la confesión de Pagán Bonilla a la Policía y al FBI sobre los hechos.

Según la confesión, Díaz de León coordinó con Pagán Bonilla para salir de la residencia para supuestamente comprar marihuana.

Añade que en el trayecto por la autopista PR-30 de Juncos a Humacao, en el vehículo de una de las víctimas, Díaz de León le disparó a ambas víctimas, antes de dejar los cuerpos dentro del auto, estacionado debajo de un puente, donde lo incendiaron.

La declaración jurada del FBI indica que Pagán Bonilla aceptó que él y Díaz de León eran los que figuraban en un vídeo publicado por una de las víctimas en las redes sociales la noche de los hechos.