El comisionado designado del Negociado de la Policía, coronel Antonio López Figueroa, reveló que para finales del mes de marzo espera formalizar la estructura de la nueva Unidad de Investigaciones de Violencia de Género.

Una de las funciones primordiales es evitar que se revictimicen las personas que radiquen una querella, ya que bajo el sistema actual tienen que contarle los pormenores de la situación traumática por la que atravesó al policía que interviene, al agente de la División de Violencia Doméstica, en caso de haber sido agredida sexualmente al investigador de la División de Delitos Sexuales o de Maltrato de Menores, según aplique.

“Ahora solamente se usa un agente y ahí la víctima no tiene que estar repitiendo lo que le pasó, no estamos revictimizando a la persona”, se reafirmó López Figueroa.

La idea es maximizar los recursos disponibles con la capacitación de los agentes adscritos a las divisiones de Homicidios para atender casos de violencia doméstica, delitos sexuales, asuntos juveniles y personas desaparecidas cuando involucran a una mujer en las 13 áreas policíacas.

“Con la excepción de Homicidios, los agentes van a atender todos los casos (diarios), tanto de violencia doméstica, de delitos sexuales, de asuntos de menores, así maximizo los recursos...cuando hay un caso de una menor desaparecida, secuestrada, caso de posible asesinato, ahí entra Homicidios. ¿Por qué todos los agentes de Homicidios deben tener el adiestramiento? Porque no puedo depender de dos agentes para que todos tengan el mismo conocimiento”, explicó López Figueroa.

La querella será la que determine qué tipo de equipo de trabajo se va a constituir para atender la misma, por ejemplo, en un caso de una mujer secuestrada, desaparecida o que se sospecha esté muerta, se va a activar las divisiones de Inteligencia Criminal, Arrestos Especiales, el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (Cradic) y Vehículos Hurtados.

El agente que atendió el caso desde un inicio va a liderar la investigación y los demás trabajan recopilando evidencia.

La primera etapa será el adiestramiento de todos los agentes de los Cuerpos de Investigación Criminal (CIC) la cual estará a cargo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) en coordinación con la Oficina de la Reforma de la Policía y la Universidad de Puerto Rico. Los cursos se ofrecerán en la Academia de la Policía en Gurabo.

Próximamente se designará al oficial que va a dirigir la unidad coordinadora a nivel central que va a estar adscrita a la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal (SAIC).

López Figueroa señaló que, estructuralmente la unidad no está en funciones, pero el concepto ya se ha comenzado a adoptar, como se hizo en la investigación del caso de la enfermera Angie Noemí González Santos, de 29 años, que fue asesinada por su esposo el 14 de enero, el mismo que reportó su desaparición en Barranquitas.

Esta es una de las medidas tomadas luego de que el 25 de enero, el gobernador firmara la Orden Ejecutiva (OE) 2021-13 que declara un estado de emergencia ante el aumento en los casos de violencia de género en la isla, especialmente en contra de la mujer y se considera una violación a los derechos humanos.

La violencia de género se define en el documento como conductas que causan daño físico, sexual o psicológico a otra persona motivándose por los estereotipos del género creados por hombres y las mujeres.

La violencia incluye las amenazas, acecho, acoso, agresiones y el maltrato físico y emocional y violencia sexual.

La fiscal Ileana Espada Martínez fue designada como oficial de cumplimiento de la OE, que tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2022 y es prorrogable por el gobernador. Tambien el Comité de Prevención, Apoyo y Educación de la Violencia de Género (PARE), que deberá evaluar el protocolo de acción de las dependencias gubernamentales para combatir la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico, hacer recomendaciones para mejorarlo y acelerar su implementación.