La defensa de Keishla Pérez Bigio y William Alexis Avilés González, el dúo acusado de orquestar el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Rivero, solicitó un tiempo adicional para poder terminar de evaluar la “voluminosa” prueba que entregó la fiscalía como parte del descubrimiento de prueba.

Pérez Bigio y Avilés Gonzalez enfrentan cargos de asesinato, tentativas de asesinato y violaciones a la ley de armas, por el atentado a tiros contra Padilla Rivero ocurrido el año pasado, que se presume tuvo por móvil razones económicas.

La empresaria fue asesinada a tiros en la tarde del 30 de septiembre del 2019, mientras conducía por la avenida Los Filtros en una guagua Honda Pilot en la que también iban sus hijas menores de edad, que no resultaron con heridas físicas durante el ataque. El hombre que confesó haber llevado a cabo el asesinato por encargo, Luis Rodríguez González, es uno de los testigos de la fiscalía en el caso.

En la vista de estatus que se celebró en la mañana de hoy, martes, en el Tribunal de Bayamón ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, los equipos de defensa de los acusados reconocieron que “las fiscales (Lizette Sánchez Vázquez y Jessica Correa González) han sido muy diligentes” y completaron el descubrimiento de prueba. Sin embargo, argumentaron que dicha prueba constaba de miles de documentos y pidieron 30 días adicionales para poder completar la evaluación de esos documentos.

“Los abogados de ambos nos hemos repartido el análisis de la prueba, pero son tantos documentos que ni así hemos podido revisarlos todos”, explicó el licenciado Edwin Castro, defensor de Avilés González.

Los abogados de Pérez Bigio son Carlos Beltrán Meléndez, Carlos Ramos Pantojas y Marcelino Ruiz Corujo.

La jueza concedió la petición de la defensa, explicando que el tribunal tomaba en cuenta las dificultades que suponen trabajar en este periodo de pandemia, pero indició que esperaba que fuera suficiente para completaran la revisión de documentos y radicaran cualquier petición adicional que tuvieran, de manera que en la próxima vista de estatus, pautada para el próximo 1 de diciembre en la mañana, pudieran pautar las fechas para el comienzo del juicio.

Durante este tiempo, además, las partes esperan que se dé un fallo sobre la petición de desestimación de cargos que ha hecho la defensa con relación a los cargos de tentativa de asesinato relacionado con las menores, tomando como premisa que el asesino confeso indicó que no sabía que iban en el vehículo al momento del ataque y que nunca hubo intención de hacerles daño.

Esa solicitud de desestimación se está viendo en otra sala del tribunal de Bayamón y cualquiera que sea el fallo podría ser apelado por la parte que salga desfavorecida.

“En este caso la documentación que tienen las compañeras fiscales es bien extensa porque están basadas mucho en registros de teléfonos celulares, aproximadamente cuatro o cinco. O sea, es un volumen de documentos que estamos hablando de 2,000 a 3,000 documentos que se nos han entregado. Y obviamente para poder evaluar eso con responsabilidad se necesita tiempo”, explicó el licenciado Castro sobre la petición de más tiempo.

El abogado explicó además que el proceso de petición de desestimación de los cargos de tentativa de asesinato responde a la admisión en vista preliminar del asesino confeso de que no sabía nada sobre las menores ni tenía intención de atacarlas.

“A la luz de la prueba que desfiló en vista preliminar, y del testimonio del asesino confeso, él señala que él no tenía conocimiento de que esas niñas estaban en el interior de ese vehículo. El delito de tentativa de asesinato es un delito que requiere intención específica. Al él no saber que esas niñas estaban en el interior del vehículo, y de hecho él lo declaró y lo admitió, que él no le disparó a ningún menor en ese vehículo y que él no tenía conocimiento de que en el vehículo había unas menores, pues entonces esos delitos no se configuraron”, comentó el abogado sobre los cuatro cargos en disputa contra cada uno de los acusados, dos por tentativa de asesinato y dos por violaciones a la Ley de Armas, por disparar contra las menores.

Aclaró que, en cuanto a los cargos por asesinato y violación a la Ley de Armas por disparar contra Padilla Rivero, “están pendientes para juicio” y no había ningún pedido de desestimación sobre ellos.

Por su parte las fiscales expresaron que, luego de haber entregado la prueba bien ordenada, aun cuando es voluminosa, esperaban que no hubiera necesidad de otorgar más tiempo, más allá de los 30 días que concedió la jueza.

“Entiendo que la juez fue bien clara. La juez le dijo, en ese nuevo término se tiene que haber resulto todas las controversias. Así que yo me imagino que ellos (la defensa) van a utilizar bien su tiempo, para en esa nueva fecha (1 de diciembre) calendarizar la fecha de juicio”, comentó la fiscal Sánchez, agregando que también esperaban que para entonces se haya resulto el asunto de la petición de desestimación.

Además, la fiscal Correa indicó que se habían añadido varios testigos, que son representantes de las compañías a las que se le han requerido documentos.

“Esto va a ser un caso largo, complejo. Pero estamos preparadas”, afirmó la fiscal Sánchez.

Según lo visto en sala, aun si todo está listo para pautar la fecha de inicio de juicio en la vista del próximo 1 de diciembre, no será hasta el año próximo que pueda comenzar el juicio en su fondo, entre otras razones por las medidas de seguridad para combatir el COVID-19 que han tenido que adoptar los tribunales, que impiden celebrar varios juicios por jurado al mismo tiempo, y que además dificultan el proceso de selección de jurados.

Entretanto, ambos acusados continúan en libertad, aunque bajo estrictas medidas de vigilancia. Pérez Bigio, cuyo padre estaba casado con Padilla Romero, pagó la fianza impuesta en su contra. En tanto, Avilés González salió en libertad luego de transcurridos seis meses en prisión y la presentación de un recurso habeas corpus. Pérez Bigio se declaró no culpable de los cargos en su contra, mientras que Avilés González ni hizo declaración y se sometió una declaración automática de no culpabilidad a su nombre.

Según alegan las autoridades, Pérez Bigio habría contratado para la ejecución del crimen contra la empresaria a Avilés González y a González Martínez. Este último confesó los hechos y se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía.