Los interesados en solicitar la nueva licencia de permisos de tiro al blanco y portación tendrán que esperar hasta pasado el mes de abril debido a que el proceso para la firma y certificación del Reglamento para Administrar la Ley de Armas de Puerto Rico tardará alrededor de 60 días más.

El jueves de la semana pasada se publicó en la página del Negociado de la Policía (NPPR) el reglamento para que los ciudadanos hagan sus comentarios durante los próximos 30 días, una vez termine el período el comisionado, Henry Escalera Rivera, estampará su firma y lo envía con los comentarios adjuntos para su certificación al Departamento de Estado, trámite que tomará 30 días más.

https://policia.pr.gov/reglamento-para-administrar-la-ley-de-armas-de-puerto-rico-de-2020/

A partir de la fecha de publicación la ciudadanía en general puede someter los comentarios y/o recomendaciones a la siguiente dirección: Negociado de la Policía de Puerto rico, Oficina del Comisionado, PO Box 70166, San Juan, PR 00936-8166 o por correo electrónico a la siguiente dirección: cjfigueroa@policia.pr.gov.

Una vez se cumpla con los requisitos para la certificación del reglamento que consta de 213 páginas se comenzarán a recibir las solicitudes, confirmó Axel Valencia director de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Al presente se han recibido unos 30 comentarios, añadió sin revelar su contenido.

El 11 de diciembre del año pasado la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la nueva Ley de Armas que facilita el trámite para obtener un arma de fuego ya que consolida los permisos de tiro al blanco y portación, reduce a $200 los costos para la solicitud y elimina como requisito el trámite de una vista judicial y la comparecencia de testigos.

Además, las víctimas de violencia doméstica o acecho pueden solicitar una licencia especial y provisional por un período de 90 días término que tendrá para cumplir con los requisitos para tener un permiso regular para poseer y portar armas.

También faculta al NPPR a intervenir, investigar, revisar y corroborar el uso de las municiones y armas de fuego por una misma persona cuando la compra de dichas balas exceda la cantidad de $20 mil al año o la compra de armas que se exceda de diez anualmente.