Varios miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes acudieron esta mañana el Cuartel General del Negociado de la Policía para conocer el proceso para obtener la licencia de posesión y portación de armas.

Allí se enteraron que la Uniformada no ha cumplido con el periodo de 120 días que les concede la Ley de Armas para tomar una determinación en las solicitudes hechas por unas 80 a 100 personas, principalmente en aquellos casos que tienen récord criminal. 

La vista ocular, que incluyó una reunión de una hora con el comisionado de la Policía, Henry Escalera, se realizó como parte del proceso que sigue la Comisión para evaluar el proyecto del Senado 1050, la cual crearía una nueva “Ley de Armas de Puerto Rico de 2019”. El cambio que se busca hacer es para cumplir con las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que validó la posesión y portación de armas, así como el derecho individual protegido por la Constitución estadounidense.

El presidente de la Comisión cameral de Seguridad Pública, Félix Lasalle Toro, detalló que llegaron al Cuartel a observar el proceso que se realiza en el Registro de Armas y a ver las bóvedas donde se guarda el arsenal.

“El punto más importante fue aclarándonos las dudas del proceso, desde que empieza la persona con la solicitud hasta que se entrega, todo lo que son las investigaciones, el ‘background check’ que se está trabajando y obviamente, por lo que nosotros hemos dicho en cada una de nuestras vistas, que es que nosotros queremos poder asegurarnos que la persona que reciba la licencia, pues, la reciba de una manera correcta”, expuso el legislador.

Cuando se les cuestionó a los legisladores sobre los retrasos que tiene la Policía para evaluar las solicitudes de estas licencias, Lasalle Toro dijo que “para la cantidad de Policías que hay en Puerto Rico” la cifra no se considera un problema. Sobre todo, cuando se registró un aumento de peticiones de 7,000 en el 2017 a unas 14,000 en el 2018.

El director del Registro de Armas, el teniente Johnny Acevedo, planteó que “el atraso se debe al huracán María, que no hubo luz y se siguieron recibiendo solicitudes. Pero, no obstante, ya estamos casi poniéndonos al día en los 120 días que dice la Ley (de Armas)”.

“Si estoy atrasado un poquito, fue por el huracán María, pero ya estoy casi al día con los 120 días”, añadió el funcionario al confirmar que el retraso lo enfrentan en unas 80 a 100 solicitudes.

De inmediato, el teniente fue interrumpido por el comandante Luis Kuilan, director del Negociado de Armas. Este expresó que, “para que ustedes tengan una idea, aquí se reciben entre 12,000 a 15,000 solicitudes anualmente de armas por todos los conceptos, ya sea tiro al blanco, portación y todas esas cosas. Todas las licencias se atienden, casos particulares, se realizan las investigaciones, se verifican y se expiden las licencias”.

El comandante también dijo que cuenta “con el personal necesario” para investigar a las personas que poseen licencias de portación de armas. Sin embargo, aceptó que centran los esfuerzos en investigar confidencias que reciben mediante llamadas anónimas, querellas de mal uso o abuso, así como a personas imputadas de delito.

“Bien importante, parte de lo que hemos sabido en la investigación y que ellos nos han traído como información es que la ley no les exige a los que solicitan una licencia nueva hacerle una investigación. Por eso, es que ellos están mencionando que muchas veces los recursos los están dirigiendo a personas que hayan cometido algún delito, Ley 54 (de Violencia Doméstica)”, aclaró, por su parte, Lasalle Toro.

Asimismo, el legislador comentó que evaluarán si la Policía cuenta con los equipos necesario para realizar el proceso para conceder las licencias de posesión y portación de armas, si el dinero que se cobra del sello para procesar la solicitud llega a la Uniformada, así como cualquier otra limitación que tengan para mejorar la nueva Ley de Armas.

Una de estas limitaciones es que la Policía no tiene control de las armas de caza que regula el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Según expuso el representante popular Jesús Manuel Ortiz, “una preocupación que se planteó aquí es la casi ninguna visibilidad que tiene la Policía de las armas de categoría de caza que se dan en el DRNA. Es imposible que ellos sepan quiénes tienen o no. Incluso, puede haber una persona que cometa un delito, tenga armas de caza de Recursos Naturales y nunca se las quiten, porque la Policía no tiene conocimiento de que tienen esa arma o de transferencia de armas que se hagan, cambios, ventas. Nosotros queremos que la Policía tenga visibilidad”.

Otro punto que evaluarán los legisladores es si se elimina el requisito de realizar una vista en el tribunal para completar el proceso para otorgar la licencia y si se permitirán que unos “gestores” sean los que hagan las peticiones a nombres de un ciudadano. También buscarán hacer menos costoso esta solicitud, pues según contó Lasalle Toro una persona gasta entre $1,200 a $1,600 en estas gestiones sin comprar un arma.

Se espera que la Comisión realice otra vista pública del proyecto antes de someter un informe sobre la medida ante la consideración del pleno de la Cámara de Representantes.