“Horrorizado”.

Así aseguró haber reaccionado el exjuez Arnaldo Irizarry cuando dijo haber conocido sobre un esquema de fraude por $9 millones contra el Municipio de Mayagüez al ser entrevistado en el 2018 por un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Irizarry, quien fue asesor del alcalde de Mayagüez, se sentó hoy en el banquillo de los testigos en el Tribunal federal para declarar a su favor en el juicio, que también se sigue contra el exdirector de Mayagüez Economic Devolopment Inc. (MEDI) Alejandro Riera Fernández.

A través de las contestaciones a las preguntas de su abogado, Juan Álvarez Cobián, Irizarry intentó proyectar al jurado que fue engañado por el principal acusado y entonces asesor del Municipio de Mayagüez, Eugenio García Jiménez, quien se declaró culpable.

Sostuvo que ya era asesor legal del alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, cuando el funcionario le presentó a García Jiménez, como alguien que “con experiencia en las finanzas y que va a ayudar al Municipio para desarrollar fondos para nómina y presupuesto”.

Señaló que en aquel momento el Municipio tenía dificultades para cuadrar el presupuesto.

Según declaró, le asesoró a Rodríguez que “se podía hacer” el depósito del dinero en controversia “siempre y cuando los $9 millones se depositaran en una cuenta municipal, bajo la égida y custodia de la directora de Finanzas, que es la responsable legal de las finanzas, y que es la única que puede manejar los fondos municipales, con el previo consentimiento del alcalde de Mayagüez”.

Asimismo, aseguró que le informaron que los $9 millones fueron depositados en una cuenta bancaria del tipo que recomendó y bajo la firma de la directora de Finanzas Yahaira Valentín.

Cuando se le preguntó quién le indicó ese dato, Irizarry respondió que “la información me la da el señor Eugenio García, que era el asesor financiero del municipio”.

Según la acusación, los fondos fueron transferidos a varias cuentas y terminaron siendo usados por varios de los acusados para propósitos distintos para los que fueron asignados por la Asamblea Municipal de Mayagüez.

Irizarry reiteró que los pagos recibidos correspondieron a los servicios que le prestó de forma privada a García Jiménez.

Luego, ante la pregunta de si conocía sobre el esquema para el 2016 o para el momento de la primera entrevista con el agente del FBI, Irizarry contestó: “Absolutamente nada”.

Por su parte, el Ministerio Público intentó mantener ante el jurado la participación de Irizarry en la alegada conspiración a través de evidencia circunstancial.

La fiscal Myriam Fernández González también enfatizó en que durante sus contestaciones al abogado manifestó que cuando Rodríguez le aumentó sus honorarios de $5,000 a $10,000 mensuales, el hermano del alcalde se le acercó para que donara $2,000 mensuales al Partido Popular Democrático (PPD) en Mayagüez, ya que tenían dificultades financieras.

“¿Si no lo hacía (los donativos), perdería su contrato con Mayagüez?”, preguntó la fiscal.

“Eso yo no lo puedo determinar así”, contestó Irizarry.

La fiscal llegó a preguntarle si “el alcalde lo sabía”, en relación a los pagos al hermano del ejecutivo municipal, pero ante la objeción de la defensa y acogida por la juez Aida Delgado, el testigo no tuvo que contestar.

Mientras, Fernández González confrontó a Irizarry con que tenía a la misma vez un contrato como asesor legal de Mayagüez, de MEDI y de forma privada con García Jiménez.

“¿Sabe lo que es un conflicto de interés?”, le preguntó la fiscal.

“Por su puesto que sí”, contestó Irizarry.

“¿Es conflicto de interés representar a partes con intereses encontrados?”, cuestionó.

“Eso es correcto”, respondió el testigo.

Ante otras preguntas de Fernández González, reconoció que tuvo reuniones con García Jiménez en sus oficinas privadas sin la presencia de Rodríguez ni de la directora de Finanzas.

También admitió que nunca tuvo un contrato por escrito, sino que fue verbal, por los servicios que le proveyó de forma privada a García Jiménez, relación que también aseguró nunca le informó al alcalde mayagüezano por ser un asunto personal.

Irizarry dijo que su acuerdo de compensación con García Jiménez consistía en pagarle el 10% de lo que generara en sus inversiones privadas.

Asimismo, la fiscal le preguntó sobre las diferencias entre las facturas que presentó por los servicios a García Jiménez, que no ofrecía detalles por $90,000 recibidos, y la presentada a Municipio de Mayagüez, con datos de sus gestiones por poco más de $11,000.

Irizarry alegó que la factura por $90,000 no tenía fechas “porque es para una empresa privada”, que “no eran necesarias”.

“La factura era para Eugenio, porque él sabía lo que yo estaba haciendo. Es una corporación privada, no pública”, acotó.

Como anticipó ayer la defensa, se espera que durante la tarde de hoy también declare Riera Fernández.

Declara Riera Fernández

Por su parte, el exdirector de MEDI también se sentó a declarar y, de igual forma, aseguró haber desconocido el esquema de fraude encabezado por García Jiménez.

Declaró que cuando los agentes federales le preguntaron qué sabía sobre los $9 millones, les dijo que “el señor García y (el convicto por este caso Roberto) Mejill (exconsultor financiero del Municipio de Mayagüez) “habían hecho un ‘hedge fund’ con los $9 millones del Municipio”.

También dijo que ambos les representaron que esa inversión “dejaría un 10% anual y que se había devuelto $1.8 millones al municipio como interés”.

Cuando su abogado, Diego Alcalá Laboy, le preguntó si García Jiménez y Mejill le informaron sobre el “fraude cometido”, Riera Fernández respondió: “No”.

Luego, su abogado le preguntó qué conocimiento tenía sobre el fraude o sobre uso impropio de fondos al momento de ser entrevistado por el agente del FBI en el 2018, a lo que contestó: “Ninguno”.

“¿Como director ejecutivo de MEDI, alguna vez tuvo control de hacia dónde iba o estaban los $9 millones?”, preguntó el abogado.

“Nunca”, aseguró.

No obstante, Riera Fernández la credibilidad enfrentó dificultades ante el jurado durante el contrainterrogatorio, cuando tuvo que admitir que mintió al Departamento de Estado de Puerto Rico al crear la corporación IManagement.

Aunque no está acusado por ese asunto, el hecho de reconocer la declaración falsa pudiera enfrentar dejar pensando a miembros del jurado si creen su aseveración de que desconocía el fraude.

Riera Fernández aceptó que usó a la firma de una persona que hacía trabajos en su casa, Roberto Santiago Vélez, para incorporar en el Departamento de Estado la entidad IManagement, pese a que no tenía ninguna relación con la corporación.

A preguntas de su propio abogado, Riera Fernández dijo que buscaba que no se supiera que estaba a cargo de IManagement “para proteger mi trabajo en MEDI”.

Luego, a preguntas de la fiscal, añadió que buscaba “proteger mi trabajo en MEDI”.

“¿Usted causó una representación de que Roberto Santiago fue la persona aurtorizada por IManagement?”, preguntó la fiscal.

“Eso es correcto”, dijo Riera Fernández.

“¿Y eso fue una mentira?”, cuestionó la fiscal y Riera Fernández declaró: “No necesa... Pues, sí”.

Previo a este intercambio, el testigo también reconoció que desempeñó, al mismo tiempo, las funciones de director ejecutivo de MEDI y de IManagment.

Según la presentación al jurado, ocupar ambas posiciones presentaría un conflicto de intereses para Riera Fernández.

Según declaró, la razón para que no se supiera se debía a que se lucraba de los proyectos que rechazaba MEDI.

Explicó que, como director de MEDI, presentaba a la Junta de Directores - presidida por el alcalde de Mayagüez - distintos proyectos para desarrollo económico. Entonces, los que eran rechazados por la Junta, Riera Fernández los llevaba ante García Jiménez para que los desarrollara en su gestión como “broker” financiero.

A preguntas de la juez Delgado, quien intervino en ese punto, Riera Fernández admitió que tenía voz, pero no voto, en el proceso de MEDI al decidir si acogía un proyecto, y que recibía un 10% de las ganancias que generaba la empresa de García Jiménez con los proyectos que le llevaba, tras ser rechazados por MEDI.

Tras la declaración de ambos acusados, las partes sometieron sus casos. La juez había anunciado más temprano que después de las argumentaciones de cierre, presentaría las instrucciones a los jurados y la deliberación se llevaría a cabo mañana, miércoles.