Las autoridades federales radicaron cargos contra dos oficiales de la Policía de Puerto Rico por supuesta extorsión y soborno por la suma de $50,000.

La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, identificó a los acusados como Abimael Arroyo Cruz, de 30 años, y Josué Becerril Ramos, de 36, ambos asignados al área de Río Grande.

Rodríguez indicó que los dos fueron acusados por "un gran jurado por conspiración, soborno en programas federales y extorsión so color de su posición oficial".

De acuerdo con el pliego acusatorio, Arroyo Cruz y Becerril Ramos participaron en el arresto de ocho individuos por posesión de armas ilegales y drogas el pasado 2 de agosto. Luego, según los cargos, los dos oficiales solicitaron de uno de los arrestados -identificado por las autoridades como la Persona A- un pago de soborno de $50,000 para tomar acción y lograr que el caso no prosperara en el tribunal.

Los dos policías habían recibido $35,000 de los $50,000 solicitados cuando fueron arrestados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado 7 de noviembre.

"Los acusados en este caso solicitaban y estuvieron en concierto y común acuerdo para aceptar dinero de esta Persona A y de otros, a cambio de que actuaran en favor de la Persona A en el proceso judicial en el tribunal de justicia de Puerto Rico", sostuvo Rodríguez, al explicar que el acercamiento inicial era para que el caso se cayera en Regla 6. No obstante, el caso no prosperó a nivel de la vista preliminar en la que se determina o no si hay causa para juicio.

La fiscal señaló que Arroyo Cruz y Becerril Ramos estuvieron en comunicación con la Persona A y con otros individuos que actuaron en representación de la Persona A durante la investigación y también durante las transacciones de dinero que se llevaron a cabo. Agregó que de la investigación se desprende que Arroyo Cruz fue quien le sugirió a la Persona A que, si le pagaban $50,000, ellos se encargarían de afectar el proceso legal.

 La fiscal precisó que se valieron del parecido entre la Persona A y su hermano, quien también fue detenido el 2 de agosto.

"El plan era que se vistieran de la forma más similar posible y se sentaran uno al otro del otro en el tribunal, para que así el policía identificara a la Persona A incorrectamente", explicó Rodríguez. "Y el día 29 de octubre, en la vista preliminar, el policía lo que hizo fue que identificó erróneamente al acusado. Identificó al hermano, cuando debió haber identificado a la Persona A bajo el nombre del acusado".

"Al día siguiente, Arroyo Cruz habló con la Persona A y le confirmó que lo había identificado mal a propósito y que Becerril Ramos no iba a ir al tribunal a testificar sobre los hechos ocurridos para obtener causa probable, para que la orden de allanamiento que se había obtenido el 2 de agosto que resultó en los arrestos, no prosperara", añadió. "También, Arroyo Cruz le dijo a la Persona A que Becerril Ramos no iba a entregar a la fiscalía los documentos necesarios para poder validar la orden de allanamiento", abundó Rodríguez.

Para no afectar la investigación, la jefa de la fiscalía federal en la Isla dijo que no podía revelar cuándo ocurrió el acercamiento de los oficiales a la Persona A, pero sí reveló que no sucedió al momento del arresto.

Tampoco soltó prenda en cuanto a qué otras personas, más allá de los dos policías acusados y de los ocho arrestados el 2 de agosto, pudieran estar involucrados en el caso.

Rodríguez dijo que, según recuerda, es la primera vez que se acusa a policías por este tipo de conducta.

"Para mi conocimiento, es la primera vez que se acusa este tipo de delito, con policías solicitando dinero para que se caiga un caso en corte", comentó Rodríguez, quien sí recordó que hace más de dos décadas, cuando fue fiscal estatal, llegó a encontrar dificultades para que policías entregaran evidencia. "Interesantemente, podemos decir que en este caso hay una manifestación de diferentes formas de cómo lograr que los casos se caigan en el tribunal estatal", comentó.

Actualmente, Arroyo Cruz y Becerril Ramos se encuentran libres bajo fianza, pero Rodríguez adelantó que hoy se someterá una moción de reconsideración al tribunal federal en San Juan.

Los acusados se exponen a un máximo de 20 años de cárcel, mientras que no hay una penalidad mínima.

Este medio publicó el pasado 2 agosto información de la Policía que anunciaba el arresto, en horas de la madrugada, de ocho adultos, entre ellos una fémina cuando agentes del cuartel de Río Grande, diligenciaban una orden de allanamiento en el complejo de apartamentos Villa Cuidad Jardín, en Canóvanas, donde ocuparon armas, cientos de balas y sustancias controladas.

En el lugar del allanamiento, también, se ocuparon cuatro pistolas marca Glock de calibre .40, una pistola de la misma marca, calibre 9 milímetros, 19 cargadores de diferentes calibres y una pesa electrónica.

Además, se ocuparon 150 balas calibre 45, 114 calibre .40, 72 de calibre 9 milímetros, 71 balas calibre 357, material para procesar sustancias controladas, 231 bolsitas de marihuana y un rollo de tabaco.