Los abogados del excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero Rosario, iniciaron conversaciones en la mañana de hoy, miércoles, con el ministerio público encaminadas a alcanzar un acuerdo que contempla una alegación de culpabilidad.

Esta segunda ronda de conversaciones entre la defensa, compuesta por los abogados Mayra López Mulero y Edwin Castro, y el ministerio público, compuesto por los fiscales Carlos López, Lilliam Cabrera Pla e Inés Garrau, ocurre luego que Cordero Rosario se declaró culpable la semana por un cargo de posesión de pornografía infantil en el caso federal que pesaba en su contra tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, que recomendará una pena en prisión de 10 años.

En ambos casos, se trata de la misma víctima.

El acercamiento entre las partes inició previo a la vista de necesidad, que se debía celebrar en el Tribunal de Carolina. Luego en sala, López Mulero informó a la jueza Berthaida Seijo Ortiz que Cordero Rosario renunciaba a la vista de necesidad y que se allanaba a la petición del ministerio público para que la presunta víctima declare a través de circuito cerrado.

Entonces la abogada pidió acercarse al estrado de la magistrada junto al ministerio público para conversar sobre el posible acuerdo fuera de récord.

Después de escuchar a López Mulero, la jueza instruyó a las partes a informar sobre el desenlace del caso en el próximo señalamiento pautado para el 19 de marzo.

“Aquí el 19 de marzo a las 9:00 a.m. Si decidió hacer una alegación de culpabilidad se hace ese día, si decidió ver el caso, comienza ese día”, afirmó en tono firme la magistrada.

 En voz alta, la magistrada indicó que no daría trato preferencial a este caso y reprendió a López Mulero por no honrar las “órdenes y compromisos” que se alcanzaron en las vistas sobre el estado de los procedimientos, en las cuales estuvo ausente la abogada, pero compareció Castro.

También rechazó una petición de la letrada para reunirse con las partes en cámara y ordenó a los fiscales a citar a la prueba para la celebración del juicio los días 19, 20 y 21 de marzo.

En el caso de la defensa, pidió que 10 días antes del primer día del juicio informara si este caso se verá por tribunal de derecho o jurado.

Ante estos planteamientos de la jueza, López Mulero regresó al podio y en corte abierta explicó que ponderaban con detenimiento la posibilidad de alcanzar un acuerdo y que solo alertaba “porque puede haber diversas vertientes”.

“No estamos pidiendo un trato de privilegio para Hilton Cordero”, agregó, mientras su cliente, esposado, se mantenía parado.

La jueza respondió que las partes tenían 42 días para tomar una decisión.

“Pienso que tienen suficiente tiempo, ambas partes, para decidir responsablemente que van a hacer sobre el caso”, insistió.

A su salida de la sala 204, la licenciada López Mulero y el fiscal López no ofrecieron detalles sobre el posible acuerdo, pero expresaron que existen las condiciones para disponer de este caso.

López Mulero, señaló que el equipo de la defensa evalúa todos los escenarios posibles mientras analiza el alcance del desenlace del caso federal.

"Estamos ponderando qué es lo que conviene y cómo se adelantan los mejores intereses del señor Cordero a la luz de lo ocurrido a nivel federal", indicó.

“Allí se hizo una alegación preacordada a la luz de las particularidades del foro federal y en análisis que compete a los estatutos federales que son distintos a los estatales", agregó.

También insistió que el asunto se trata de tomar decisiones movidas por el sentido común y por criterios pragmáticos.

Indicó que las conversaciones se encontraban en la etapa inicial y que todavía no se había llegado a la discusión sobre la pena a cumplir en este caso.

El fiscal López, por su parte, indicó que existen las condiciones para alcanzar un acuerdo.

“Esas conversaciones toman tiempo. Hay que tener mucha paciencia”, dijo a preguntas de la prensa.

“Lo único que puedo adelantar en este momento es que hay unas conversaciones y que hay buena fe y que se está dando el ambiente para que podamos llegar a una determinación”, agregó.

Los cargos contra Cordero Rosario se vinculan a una menor de edad que era vecina de la familia en Carolina. Los supuestos hechos ocurrieron entre 2002 y 2007, cuando la mujer tenía entre 12 y 17 años.

En este caso, enfrenta dos cargos de actos lascivos, tres de producción de pornografía infantil y dos de envío o transmisión de pornografía infantil.

En el caso federal, el juez Gustavo Gelpí dictará sentencia el próximo 10 de junio.