La Policía de Puerto Rico deberá suministrar al Tribunal Federal, Sala de San Juan, un informe en el que exponga su posición sobre 10 aspectos claves de la reforma propuesta en esa dependencia estatal.

Así lo dispuso hoy, martes, el juez federal Gustavo A. Gelpí en una orden en la que especifica que la agencia tiene hasta el 1 de agosto para someter el reporte.

En el documento la Policía deberá indicar "su postura exacta" sobre profesionalización del personal; uso de la fuerza; búsquedas y confiscaciones; protección equitativa; reclutamiento; entrenamiento; supervisión; atención de querellas; compromiso con la comunidad y sistemas de información.

El juez recalcó que dicho informe es necesario en este momento porque aún no se ha nominado a un asesor técnico (TCA, por sus siglas en inglés) que se encargará de velar por el cumplimiento de la reforma, aunque "esto esperemos ocurra pronto".

El informe, destacó Gelpí, permitirá al llamado monitor saber la posición de la Policía sobre los asuntos enumerados, una vez sea nombrado en propiedad.

Indicó, además, que ayudará también al recién nombrado superintendente de la Policía, José Caldero López, para que le permita saber dónde está parada la agencia en cuanto a dichos temas y dará pie para establecer la relación de trabajo que deberá sostener con el monitor.

El 14 de mayo pasado, Gelpí extendió hasta el15 de junio la fecha límite para que los departamentos de Justicia federal y estatal sometan el nombre por consenso de la persona que ostentaría el puesto de un "Technical Compliance Advisor" que, entre otros requisitos, debe saber español.

De no llegar a un acuerdo para en fecha límite, deberán proveer un listado al tribunal para llevar a cabo entrevistas y escoger a un candidato.

La reforma en la Policía fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia federal, Eric Holder. En octubre pasado se nombró a Juan Mattos como monitor, pero renunció cuatro meses más tarde.

 La reforma surgió a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

El acuerdo de reforma atiende cuatro áreas básicas: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva; interacciones para que no existan prácticas discriminatorias al momento de realizar arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad e implantación de sistemas de información y tecnología.

El gobierno de Puerto Rico tendrá cuatro años para poner en vigor la reforma. El gobierno federal otorgó $10 millones y el local, $20 millones para encaminarla. Sin embargo, se estima que costará alrededor de $60 millones.

La fuerza policiaca de la Isla es la segunda más grande de Estados Unidos con 17,000 agentes.