Un juez del Tribunal federal en Puerto Rico le ordenó al Departamento de la Familia a realizar ciertos cambios en el proceso que lleva contra una familia estadounidense -a la cual le removieron su hijo- para que se salvaguarden sus derechos constitucionales y el plan de reunificación se pueda completar.

A Chinyere Osuji y Ralph Bey, procedentes de Nueva York y Oklahoma, les removieron a su hijo en marzo de 2020 bajo la presunción de que no estaba siendo alimentado correctamente porque tenía una libre bajo peso. En aquel entonces, un contingente policial rodeó el lugar donde viven en el Viejo San Juan y, tras varias horas de sitio, se llevaron al niño, que entonces tenía solo cuatro meses de nacido y estaba siendo amamantado por Osuji.

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Aunque el juez federal Raúl Arias Marxuach emitió una sentencia en la que expresó que no podía devolverle la custodia del menor porque interferiría con el proceso estatal, sí le ordenó a la agencia local a tomar medidas correctivas sobre una serie de fallas que realizó durante el proceso.

Los progenitores han denunciado que desde hace más de un año, el pequeño MOB (iniciales del menor) solo ha estado en hogares que hablan castellano, porque lo que temen que, cuando se reencuentren, no puedan comunicarse con él.

El Departamento de la Familia “no hizo ningún esfuerzo para asegurar que MOB estuviera recibiendo una educación o atención en inglés”, apunta la orden del juez, según reseñó El Nuevo Día.

“El tribunal no puede comprender cómo los demandantes y MOB (iniciales del nombre del niño) pueden tener una reunificación exitosa después de casi un año y medio tras la remoción de MOB -que los demandados siempre han alegado es su objetivo final- si no pueden comunicarse en el mismo idioma”, señaló Arias Marxuach.

El juez le dio 21 días al Departamento de la Familia para que coloque al menor en un hogar de custodia que hable en inglés o que se permita estar con un familiar.

El inglés, el gran problema

Desde el inicio del proceso, Osuji y Bey han denunciado que nunca se les proveyó siquiera un traductor para que les explicara en inglés lo que estaba ocurriendo, ya que no tienen un buen dominio del español, y quienes hablaron con ellos no tenían buen dominio del inglés.

Es por esto que el juez federal catalogó de “inexplicable” el que Familia “no asignó un trabajador social completamente bilingüe al caso, pese a reflejarse en los expedientes que sí los tienen en su equipo”, mientras que tampoco les proveyeron una traducción correcta de la Ley 246 de Maltrato de Menores al momento de la remoción.

Y el problema con el idioma se ha visto reflejado durante todo el proceso.

Por ejemplo, Arias Marxuach apuntó a que la agencia no pudo cumplir con la ley y llevar a cabo una vista antes de que se cumplieran 72 horas de haber removido al menor por “la falta de servicios de traducción”.

Posteriormente, por la misma razón, “pospusieron la vista de remoción en múltiples ocasiones”.

La agencia también les requirió a la pareja tomar unos cursos con un proveedor que no tenían empleados bilingües o hablaran inglés.

No fue hasta 11 meses después que Familia pudo proveerles a los demandantes un Plan de Servicio “en inglés correcto”.

Por estas razones, el juez le ordenó a la agencia a que asigne un trabajador social completamente bilingüe. Además, todo documento que les entreguen tendrán que estar en inglés.

Otra de las fallas expuestas en la sentencia fue que una empleada del Departamento de la Familia admitió que, desde el inicio, no advirtió al matrimonio que solicitaría la remoción del menor. Tampoco le dio una copia de la orden de remoción ese 11 de marzo de 2020, cuando se llevaron a MOB.

“El tribunal determina que los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito en cuanto a los méritos de las alegaciones de violaciones al debido proceso y las cláusulas de protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda”, escribió Arias Marxuach.

Toda esta trama empezó cuando la pareja acudió al Programa Especial de Nutrición Suplementaria, conocido como WIC, para recibir asistencia. Allí, una trabajadora les indicó que la criatura estaba bajo peso por una libra, y que tenían que llevarlo a una sala de emergencia. Osuji y Bey declinaron ir a un hospital en medio de la pandemia de COVID-19. Tampoco quisieron darle fórmula, porque consideraron que el bebé estaba alimentándose bien con la leche materna.