Las dilaciones en el inicio del juicio contra el excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero, provocadas por solicitudes de la fiscalía y los abogados de defensa causaron este martes malestar en la jueza del Tribunal de Carolina, Berthaida Seijo.

Durante una vista en la sala 204, la jueza, quien pospuso para el 21 de mayo próximo el comienzo del juicio, hizo un recuento de todos los trámites procesales hechos desde el 28 de noviembre de 2012, cuando se efectuó la lectura de acusación contra Cordero por cargos de actos lascivos y pornografía infantil.

La lista culminó con una moción de supresión de evidencia que la defensa -integrada por los abogados Edwin Castro y Mayra López Mulero- presentó el pasado miércoles, además de una petición de prórroga para responder a esa movida sometida el viernes por el Ministerio Público.

Tras precisar que el descubrimiento de prueba se completó hace dos meses, Seijo -quien en ocasiones utilizó un tono severo- censuró la presentación tardía de la moción para suprimir cierta prueba encontrada en una computadora ocupada a Cordero.

“El jueves, cuando me llegó la moción de supresión de evidencia, después de tantas instrucciones, requerimientos y tantas suspensiones, me sorprendió”, expresó la jurista.

Según Seijo, ese día, durante una vista sobre otro caso, les solicitó en corte abierta a Castro y a la fiscal Lilliam Cabrera que acudieran preparados este martes, para discutir el asunto. Sin embargo, ninguna de las partes estuvo preparada para presentar sus argumentos.

“Ambas partes llevan en este caso desde abril de 2011”, reclamó la jueza.

López Mulero dijo que la defensa no había presentado la moción antes, pues “hubo un esfuerzo de buena fe de las partes en traer al tribunal una solución que evite la celebración de un juicio”.

Tras reconocer que no estaba preparada para discutir su moción, solicitó el auxilio del tribunal para citar a la jueza Madeline Vega Ortiz con el fin de entrevistarla en torno a la orden de allanamiento que esta expidió el 4 de febrero de 2011, y que ahora da paso a la controversia, así como al abogado Juan Troche, quien supuestamente estuvo presente durante el diligenciamiento.

En la moción escrita, la defensa argumenta que la orden no era válida porque, entre otras cosas, no precisaba la marca y modelo de la computadora que se ocuparía. Plantea, además, que la evidencia que surgió de esa máquina ocupada es "fruto del árbol ponzoñoso" y, por lo tanto, ilegal.

Luego de varias argumentaciones por parte de López Mulero y el fiscal Carlos López, la jueza concedió al Ministerio Público hasta el lunes para someter por escrito su réplica a la moción de supresión de evidencia. Ese día también se celebrará una vista donde se discutirán las posturas de las partes.

Seijo deberá decidir entonces si da paso o no a una vista evidenciaria, que sería celebrada por otro juez.

“Sé que muchas veces a las partes se les hace difícil entender la responsabilidad de los jueces de hacer un balance de intereses y procurar que los procedimientos continúen”, manifestó la jurista.

El juicio quedó pautado para el 21, 28 y 29 de mayo y 4, 6, 7, 11, 12, y 13 de junio.

A la salida de sala, López Mulero dijo que, a su juicio, “el malestar del tribunal tiene que ver con su interés en que este asunto se ventile cuanto antes. Yo creo que después que ella (Seijo) escuchó nuestras posturas, pudo colocarse en la posición del Ministerio Público y la defensa”.

La abogada dijo que aún existe la posibilidad de lograr un preacuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio.

“Esas conversaciones están abiertas. Hay que hacer unos ajustes para que haya un entendido entre las partes y estamos trabajando en afinar esos entendidos para que finalmente se pueda consignar algún acuerdo que sea final”, indicó la abogada, quien atribuyó la tardanza en lograr un acuerdo a la burocracia.

Cordero enfrenta cargos por actos lascivos y pornografía infantil por hechos contra una vecina menor de edad ocurridos en Parque Escorial, en Carolina. La víctima tenía entre 12 y 17 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos, entre los años 2002 y 2007.