El juicio contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdés, por la controversia de las becas presidenciales se realizará del 10 al 21 de agosto, según se pautó este martes en la sala del juez Aldo González Quesada, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La fecha se determinó luego de que los abogados discutieran en el estrado varias posibles alternativas para realizar el juicio sin que quedara segmentado y separado por varios meses.

Salió a relucir que en un inicio se había planteado iniciar el proceso judicial del 20 al 23 de abril y continuarlo del 18 al 22 de mayo. No obstante, el abogado de Severino Valdés, Harry Anduce, planteó que por un asunto personal no podía asistir en los días estipulados para mayo.

La segunda alternativa que se dio fue iniciar el juicio en abril y continuarlo en agosto.

La fiscal Zulma Fuster Troche, quien lleva el caso junto a los fiscales Leticia Pabón Ortiz y Ramón Mendoza, todos del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), mostró preocupación por los problemas que traería la extensión de tiempo que habría desde el inicio del juicio hasta su continuación, que sería de unos cuatro meses. De inmediato, el abogado de Walker Ramos, José Andrew Fuentes, concurrió con la apreciación. La alternativa fue, entonces, retrasar el juicio hasta agosto.

El juez separó dos semanas para realizar el proceso judicial, del 10 al 21 de agosto. Esta selección fue el resultado de una vista de los estatus de los procedimientos.

Andrew Fuentes explicó a Primera Hora que se seleccionó esta fecha tan lejana, porque “preferimos todos que se viera dos semanas corrida y se escogió la de agosto, que era la más cerca que teníamos”.

Tanto el abogado como los fiscales rechazaron que en este periodo se fuese a negociar algún acuerdo de culpabilidad.

“No. Se va a ver el juicio en agosto”, afirmó Andrew Fuentes.

Trascendió, además, que el PFEI pidió al auxilio del juez González Quesada para que emita una orden en contra de la UPR. Es que el ministerio público necesita que la institución le entregue unos documentos que detallan el “procedimiento que se siguió para la otorgación de estas becas en los diferentes recintos” y hasta la fecha no han cumplido.

Estos datos fueron solicitados en un inicio por los abogados de los acusados para ser incluidos como prueba en el juicio, pero luego desistieron de utilizarlos.

“En ese momento nosotros, pues, entendemos que queríamos ver los documentos”, explicó Fuster Troche.

Walker Ramos y Severino Valdez fueron acusados el 19 de diciembre de 2017 a causa del lío de la otorgación de becas presidenciales. El 4 de septiembre pasado la jueza Ada López Santiago encontró causa para juicio en cinco de los seis cargos de los que estaban acusados.

Walker Ramos enfrenta dos cargos por infracción a la Ley de Ética, dos cargos por malversación de fondos y un cargo por omisión en el cumplimiento del deber. Por su parte, Severino Valdez enfrenta dos cargos por infracción de la Ley de Ética, dos cargos por intervención indebida y un cargo por omisión en el cumplimiento del deber.

A ambos funcionarios se le achaca irregularidades en la otorgación de las becas presidenciales a Mónica Sánchez Sepúlveda, la sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez; a Carlos Pagán Cuebas, quien fungía como asistente del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla, así como a Arturo Ríos Escribano, exasesor en Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla y quien recientemente estuvo involucrado en una disputa con exfuncionarios de la pasada administración de Ricardo Rosselló.