Una agente del Negociado de la Policía y oficial correccional fueron acusados ayer, por separado, por delitos de violencia doméstica por hechos ocurridos en San Lorenzo y Coamo.

Wilnelia López Negrón de 41 años, quien está adscrita al área policíaca de Caguas, fue acusada por violación a los artículos 3.2 (maltrato agravado) y 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por restricción de libertad en su modalidad agravada.

La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto contra López Negrón quien quedó en libertad al prestar la fianza de $250,000.00 a través del Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

La investigación de la agente Elizabeth Alvarado adscrita a la División de Violencia Doméstica de Aibonito junto al fiscal Edwin Ortiz, el 12 de septiembre la imputada amenazó a su pareja a quien también le restringió la libertad.

La agente quedó en libertad al prestar la fianza de $250,000.00.
La agente quedó en libertad al prestar la fianza de $250,000.00. (Suministrada )

La vista preliminar fue pautada para el 27 de septiembre.

Como los hechos ocurrieron en San Lorenzo, que pertenece al área policíaca donde laboraba, se cambió la jurisdicción de la pesquisa a la de Aibonito.

La acusada fue suspendida sumariamente de sus funciones.

De otro lado, Iván Guzmán Dávila de 30 años, quien labora como oficial de corrección, fue acusado por violación a los artículos 3.1 (maltrato) y 3.2 (maltrato agravado) de la Ley 54, por un incidente de amenaza con su pareja ocurrido el 10 de septiembre en Coamo.

El oficial correccional fue denunciado por violencia doméstica por su pareja.
El oficial correccional fue denunciado por violencia doméstica por su pareja. (suministrada )

La jueza Darelis López, del Tribunal de Aibonito, la cual luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000.00, la cual prestó. Este quedó en libertad bajo supervisión electrónica. La agente Jeannette Ortiz, adscrita a la División de Violencia Doméstica y la fiscal Inés Escóbales estuvieron a cargo de la pesquisa.