El director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, dijo hoy que la Rama Ejecutiva del gobierno lleva años sin recursos para atender la demanda de servicios a imputados de delito que requieren tratamiento psiquátrico.

"Por años, las entidades del Poder Ejecutivo han carecido de espacio y recursos para atender la demanda de servicios de esta población, lo que frecuentemente provoca que los jueces utilicen distintos mecanismos para que se cumpla la orden de ingreso en una institución psiquiátrica adecuada. Con ello se procura garantizar que la persona imputada reciba atención médica especializada, a la cual tiene derecho, especialmente cuando podría ser un riesgo para sí mismo, su familia o terceros".

Steidel Figueroa se expresó hoy mediante comunicado de prensa ante "recientes señalamientos responsabilizando a los tribunales de las deficiencias en los tratamientos psiquiátricos de imputados de delito". Ayer, durante una vista pública en la Cámara de Representantes, la directora ejecutiva del hospital, Carmen Bonet, reconoció que le brindan servicio a 46 personas cuando solo hay capacidad para 26 y hay pacientes durmiendo en colchones colocados en el suelo. "Estamos hacinados en estos momentos, estamos confrontando un problema serio y son los tribunales", dijo en la vista. 

Steidel Figueroa dio detalles del rol judicial en relación a estos casos: "Cuando se alega que un imputado de delito no comprende el proceso y no puede colaborar en su defensa, compete al tribunal examinar la corrección de esta alegación en una vista de procesabilidad en la que las partes pueden aportar prueba médica, además de la que aporten los peritos psiquiatras. Si el juez determina –a base de la prueba médica– que la persona imputada no está procesable, deberá emitir una orden para que el acusado reciba el tratamiento recomendado, lo que puede incluir que sea ingresado en una institución adecuada para reestablecer su procesabilidad. Con ello, se procura devolver al imputado de delito la capacidad de comprender el proceso judicial y colaborar en su defensa y así reanudar el procedimiento penal iniciado en su contra".

Agregó que los jueces utilizan "distintos mecanismos para que se cumpla la orden de ingreso en una institución psiquiátrica adecuada que la persona imputada reciba atención médica especializada, a la cual tiene derecho, especialmente cuando podría ser un riesgo para sí mismo, su familia o terceros".

"Las órdenes emitidas con esa finalidad no pretenden agravar cualquier escenario de hacinamiento que puede existir en las instituciones psiquiátricas. Solo pretende viabilizar el cumplimiento de un deber legal de proveer servicios médicos psiquiátricos a una población vulnerable", se indicó. 

 El vocero de la Rama Judicial planteó, sin ofrecer respuestas, qué se deber hacer con esta población, frecuentemente indigente y con potencial de riesgo o para sí o para la comunidad, "si la entidad médica con la responsabilidad de prestar servicios no lo hace".