El secretario designado del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, reveló que se radicó hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda civil contra la compañía Texas Armoring Corporation, ubicada en San Antonio, Texas y su principal ejecutivo, Ronald Trente, en vías de recuperar el dinero pagado por concepto de la compra de una guagua blindada bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

La acción legal se basa en que trató de una transacción nula porque la guagua blindada nunca fue entregada por el fabricante y lo que procede es la devolución del dinero para dejar sin efecto ese contrato.

“Estamos reivindicando el derecho de nuestro país a recobrar lo que se nos quitó indebidamente en una transacción que entendemos es nula y que procede la devolución del dinero por el que se pagó por una guagua que nunca se entregó...Cuando ustedes acaben de leer la demanda podría inferirse muy razonablemente que a Puerto Rico se le trató de dar un timo con la compra de esta guagua y no lo vamos a permitir”, sentenció Emanuelli, quien puntualizó que hoy se cumplen tres años de la fallida transacción.

La Oficina de Administración de Fortaleza ordenó la compra de una guagua blindada para brindarle seguridad al entonces gobernador y el vehículo, de la marca Chevrolet modelo Suburban del 2018, fue adquirido mediante una orden de compra a través de la Administración de Servicios Generales (ASG) el 23 de febrero de 2018.

Posteriormente, tras estallar el escándalo público, se decidió que la guagua se iba a traspasar a la división especializada de S.W.A.T del Negociado de la Policía porque no tenía ningún uso práctico para el primer mandatario, pese a que la compra se justificó como un asunto de seguridad.

Sobre posibles acciones futuras contra funcionarios de la Fortaleza y del Departamento de Seguridad Pública que intervinieron en la transacción, Emanuelli, no descartó que se tomen acciones criminales o administrativas, si es que procede una vez concluya la pesquisa.

A finales del mes de enero, la directora de la ASG, licenciada Karla Mercado Rivera, quien también participó de la conferencia de prensa, refirió al DJ la controversia con la guagua blindada.

La funcionaria dijo que la investigación se desprende que hubo funcionarios de gobierno que no cumplieron con los reglamentos.

“Van a haber consecuencias para todo aquel que en el proceso de compras y subastas del gobierno de Puerto Rico o que entre a contrataciones con fondos públicos tienen que actuar con la seriedad y el compromiso que lo requiere”, advirtió Mercado Rivera.

Recalcó que la ley establece que el dinero no se le debió desembolsar en su totalidad hasta que se entregara la guagua.

La empresa cotizó por la guagua $245,000, pero incluía un descuento de $27,550, por lo que el pago total debía ascender a $ 224,100. Luego se les impuso una penalidad de sobre $20,000 por un retraso en el desembolso de una de las partidas de dinero, la cual no reconoce.