Los maestros que estaban activos al momento de ser acusados en febrero pasado en la segunda fase del operativo “Malas notas” de la compañía Rocket Learning por facturar horas de tutorías no ofrecidas para obtener fondos federales, ya fueron suspendidos sumariamente y muchos solicitaron una vista administrativa para defenderse.

La portavoz de prensa del Departamento de Educación, Cossette Donalds Brown, recordó que 12 de los 20 educadores acusados estaban activos en la agencia y fueron suspendidos sumariamente una vez fueron acusados a nivel federal.

Destacó que la agencia les notificó oficialmente. Como parte del proceso, estos tienen derecho a una vista administrativa, “que muchos de ellos solicitaron”.

“Las vistas están calendarizadas para empezar en mayo. Allí presentarán evidencia a los argumentos por los que se les suspende, para que se defiendan. Un oficial examinador pasará juicio y determinará, haciendo una recomendación al secretario (de Educación) sobre qué sanción administrativa debe proceder”, explicó Donalds Brown.

Los que no respondieron a la misiva continuarán siendo investigados por la División Legal, que luego emitirá una recomendación al secretario Rafael Román para determinar las medidas disciplinarias que procedan. Una vez Román la reciba, debe emitir una notificación al maestro con la determinación final.

Según la pesquisa, los maestros que participaban del programa de tutorías de Rocket Learning usaban a los propios estudiantes para que firmaran bajo otros nombres para supuestamente justificar que les daban los servicios de tutorías y así recibir fondos de Título I del Departamento de Educación federal.

Los maestros activos laboraban en escuelas en Adjuntas, Jayuya, San Lorenzo, Toa Baja, Camuy, San Juan, Cayey, Mayagüez y San Juan, entre otros pueblos.

Los acusados a quienes se les notificó suspensión sumaria son María I. Plaza Ferra, Aracelis Rivera Rivera, Wanda Figueroa Figueroa, Keila C. Silva Sánchez, Mónica Ortiz Alicea, Nayda Torres de León, Guillermo E. Morales Muñiz, Raquel Román Bonilla, Laurie Baerga Castro, Ángel Vélez Rosa, Ana Oben Rivera e Idalis Torres Torres.

El resto de los acusados, que no están activos al momento en el Departamento de Educación, son: 

Maritza Rosario Medina, Mariam Candelaria, Margarita Arroyo Heredia, Annette Coppin Bald, Jessica Marrero Santana, Ivelisse Vázquez García y Joel Torres Beltrán, quien fue arrestado en Ohio.

Nueve de esos 20 maestros acusados la semana pasada a nivel federal por supuestamente llevar a cabo un esquema de fraude para cobrar por servicios de tutorías nunca ofrecidas a cientos de alumnos son o eran miembros de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investigó el caso en conjunto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal y la Oficina del Contralor de Puerto Rico como parte de la segunda etapa del operativo “Bad Grades” o “Malas notas”. La primera fase culminó en septiembre pasado, cuando fueron acusados 31 empleados administrativos de Rocket Learning.

Según la pesquisa, los maestros que participaban del programa de tutorías usaban a los propios estudiantes para que firmaran bajo otros nombres para supuestamente justificar que les daban los servicios de tutorías y así recibir fondos de Título I del Departamento de Educación federal.

En conferencia de prensa efectuada en septiembre pasado, el exagente especial a cargo del FBI, Carlos Cases, explicó que la pesquisa reflejó que los estudiantes les preguntaban a los maestros bajo qué nombre firmaban, si bajo su propio nombre o el que les habían dicho que usaran.

La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, por su parte, explicó que los acusados tomaban parte del esquema sometiendo información falsa sobre asistencia para el cobro de la supervisión, llenando o firmando formularios falsos sobre asistencia, o firmando postpruebas, indicando que estudiantes habían participado de los servicios cuando en realidad no los habían recibido.

Las autoridades federales han señalado que de 2011 a 2013 se emitieron facturas falsas para recibir fondos de Título 1 de Educación federal. Se alega que bajo este esquema fraudulento se apropiaron de $954,297.