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Por Normando Valentín

¿Qué les parece?

La poca vergüenza

05/21/2019
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Bravo por el Gobernador por no dar su brazo a torcer.

En estos momentos, cuando la guillotina está en el cuello de miles de jubilados del gobierno de Puerto Rico, valdría la pena revisar cómo llegamos hasta aquí. Existe un consenso general que tilda de poca vergüenza atentar contra los chavitos de nuestros pensionados, cuando ellos no son la causa de la debacle y quiebra de nuestro Gobierno. El solo pretender recortar las pensiones es condenar a ese sector a vivir en la frontera de la miseria, pues la pobreza los arropa a su mayoría en estos momentos. Así que resulta caprichoso insistir en esta medida.

Bravo por el Gobernador por no dar su brazo a torcer. Los partidos de oposición no debieran dejar a un lado este asunto y unir esfuerzos en la postura gubernamental. Este tema no se debe prestar para politiquear. El gobernador tiene desaciertos con los cuales se les puede atacar en la tarima política, sin tener que incluir el asunto de las pensiones en su menú.

Además, mire compay, en la quiebra del Sistema de Retiro todos colaboraron. Tanto rojos como azules, lo llevaron cuesta abajo como Gardel. Así que muy bien deberían dejar sus diferencias y unir sus voces en favor de esos exservidores públicos que le dieron sus años de juventud al País, al tiempo en que votaron a favor de aquellos, quienes ahora se pasan la papa caliente.

Nuestro Sistema de Retiro nació temprano en la década de 1950. Buscaba otorgar una pensión a los servidores públicos y así otorgarle la oportunidad de gozar de un dinerito en la etapa más vulnerable, la vejez. Lamentablemente no se cumplieron con los estudios actuariales, que son esenciales para medir cómo se estaba comportando lo que llamaríamos el “pote” del retiro y si en efecto, podía contar con los fondos a largo plazo.

Por darle un ejemplo amigo lector, es como si usted tuviera una cuenta de cheque y nunca la monitoreara. Usted deposita y emite cheques de manera indiscriminada. Al hacerlo así, se podría topar con una desagradable sorpresa de que algún cheque le rebote, por no haber monitoreado sus fondos.

Además de no cumplir con los estudios, la expectativa de vida de los puertorriqueños aumentó; ahora vivimos más.

Mientras el gobierno era grande y tenía muchos empleados, ello no afectaba, pues entraba más de lo que salía. Sin embargo, esta realidad cambió. Ahora el Gobierno es más pequeño. Es más, la propia Junta de Control Fiscal pide que sea más pequeño todavía. Esto provocó un desfase de entrada y salida, generando que el nivel de dinero disponible baje de forma dramática.

Por último, los patronos no pagaban al Sistema de Retiro la totalidad o parte de lo descontado a sus empleados. Esta práctica se hizo más común, según se fue complicando el panorama fiscal de las agencias y municipios. Tristemente, estos quedaron impunes.

Contrario al Seguro Social, que, si usted deja de pagar o lo envía incompleto, la agencia actúa de inmediato confiscando cuentas o procesando legalmente a los responsables.

Así, mi amigo, cocinamos este mejunje. El acto más impune fue el que se hizo en el 2008 cuando se emitió una emisión de bonos. O sea, se incurrió en una deuda que no hacía falta. La emisión de bonos fue de $2.9 billones, se hizo sin el aval de la Legislatura que por ley era necesaria. O sea, se hizo ilegalmente. Se vendieron sueños de que se ese dinero se multiplicaría como los panes y los peces. Se invirtió en la bolsa de valores con el consejo de la casa de corretaje UBS. Se cacareó que eso dejaría $7 billones. Lamentablemente nunca ocurrió. La inversión arrojó pérdidas. En lugar de ganancias, cogimos un cantazo. Nos quedamos con una deuda que aún ronda los $3.2 billones y es hasta el 2060.

El Gobierno tiene demandado a UBS por unos $800 millones.

A parte de esta acción, ¿usted vio a alguien ser procesado por estos malos manejos? No, ¿verdad? Eso es parte de la impunidad e irresponsabilidad que nos jodió. Por esto, no sacamos los pies del plato.

Actualmente, unas 170,000 personas que fueron servidores públicos están recibiendo pensión del Gobierno. Aún quedan unos 12,000 empleados que entraron antes de 1990 y que tienen derecho y otros 30,000 que entraron después del 1990 y que están cobijados bajo la Ley 1, que también terminarán en nuestro retiro.

La pensión promedio ronda los $1,050 mensuales, suma que da para nada. El panorama se agrava para policías y maestros que, contrario a otros, no cotizaron un poco de Seguro Social para suplementar sus ingresos.

Siéntese un día cualquiera al lado de alguien viejito y pregúntele si es jubilado del Gobierno para que les cuente sus penurias. Muchos pasan “Las mil y una noches”, mientras los irresponsables de arriba aún se atreven politiquear con el asunto.

Solo espero que hagan una tregua en este asunto. Unan voluntades. Vamos a lo básico. De mi maíz, ni un grano. Ese dinero no es regalado. El jubilado lo aportó, lo sudó y se lo ganó. Venir a jugar con la posibilidad de un recorte es una poca vergüenza.