El reloj marca la hora con un paso acelerado.

Se acerca la fecha del 25 de junio. Fecha importante pues marca el momento cuando se cierra la aprobación de medidas legislativas en la presente sesión ordinaria; la primera de este 2018.

Son muchos los proyectos de importancia que son considerados, pero el más delicado, desde mi punto de vista es la derogación de la Ley 80.

En estos momentos existe un tranque, dos versiones se debaten en la mesa: la primera es la de administración, que lo elimina todo de un porrazo; la segunda es una versión aprobada por el Senado para que su eliminación aplique a los obreros que sean contratados a partir del momento en que entre en vigor la nueva ley.

Como dije, los votos no están, al menos por ahora.

Es por ello por lo que bien vale la pena reflexionar un poco sobre el particular para tener presente los riesgos de la eliminación de esta protección. Hasta ahora, nadie ha podido presentar datos concluyentes de que represente una ventaja competitiva desde el punto de vista económico. La Junta de Supervisión Fiscal no lo ha hecho, a pesar de ser el padre putativo de la idea. Tampoco han sido convincentes los grupos que simpatizan con la idea. 

Los días de vistas públicas fueron tan pocos que apenas podemos decir que fueron un acto pro forma, de manera que luego no se diga que no se ejerció el debido protocolo.

Esto tal vez es lo que motiva a los legisladores a estar trancados en banda. Saben que ya menearon el palo eliminando derechos a los trabajadores en la primera mal llamada reforma laboral. Al fin y al cabo, son los que reciben el calor del ciudadano molesto en sus respectivos distritos. 

En mi programa de radio tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, la abogada Georgina Candal, quien fue jueza durante 20 años. En su alocución me alertó sobre el efecto discriminatorio que la eliminación de esta ley tendrá en las personas de edad avanzada y en las mujeres jefas de familia. 

Su reacción no era un capricho y se basa en un estudio comisionado para analizar el efecto que tendría la eliminación de esta ley. Su preocupación mayor era que estos grupos, entre otros, quedarían desprovistos de protección.

Ejercí mi papel de “abogado del diablo” y le pregunté sobre la existencia de otras leyes que protegen ante la discriminación por sexo y edad. Me dijo que en su experiencia judicial estos casos eran cuesta arriba, largos, onerosos y no siempre cumplían con el papel para el que fueron creados. 

En mayo pasado, el Instituto de Estadísticas publicó datos que estipulan que entre septiembre y octubre de 2017, desaparecieron 31,600 empleos asalariados no agrícolas, pérdida relacionada a los efectos del huracán María y todos sabemos que el panorama no ha mejorado desde entonces.

Es más, el nivel de pobreza se disparó de un 44.3% a un 52.3%.

Para ponerle la tapa al pomo, Moody’s, la importante empresa crediticia adelantó que este año nuestro País cerrará con decrecimiento económico.

Debemos tomar las cosas con calma e invertir el tiempo en proyectos que encaminen la inversión de dinero nuevo e industrias en el sector privado.

En todos mis años de periodista no había escuchado que la Ley 80 fuera un escollo para su desarrollo, sí muchas otras, como el costo energético, permisos, etc. 

Así que mucho ojo.