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Por Jay Fonseca

Esto tiene salvación

Quiebra o vendernos a precio de pescao abombao

06/30/2014

Quienes critican la nueva ley de quiebra criolla parece que no saben las consecuencias de no hacerla. O ponemos en vigor esta ley de quiebras y Puerto Rico retiene algún control sobre el proceso o dejamos que se ejecuten sin defensa alguna las propiedades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras, que los aeropuertos se coloquen en pública subasta, o que suban los precios a niveles brutales. 

Es decir, o hacemos eso y vemos si los tribunales aceptan esa nueva ley, o dejamos que los bonistas vayan al tribunal federal y al estatal y decidan que la luz va a subir en 20%, el agua en tanto otro, los peajes en mucho más, igual el tren, los aeropuertos, etc. Yo no estoy diciendo que esto de radicar la quiebra es “nice”, ni es lo más chévere del mundo. ¡Claro que no! Las consecuencias son fuertes, profundas y complicadas, las cuales tendremos que enfrentar por décadas. Pero la alternativa a eso tampoco es tan guapa como que ganaría el concurso de Miss Mundo Latina. 

¿Qué creen que va a pasar cuando sea la AEE, la AAA, el tren, las autopistas las que pasen por un proceso de subasta? ¿Cuánto van a dar por empresas quebradas y cuánto van a subir las facturas de ellas para que se puedan hacer rentables, dejando ganancias?

El camino para llegar a este punto es bien fácil de ver. Mire esta breve lista: 

1. El Tren Urbano opera con un déficit anual de $60 millones y costó $2,500 millones, de los cuales $1,900 millones fueron fondos locales.   

2. En las Comunidades Especiales se fueron $1,350 millones para hacer canchas y centros comunales y el llamado Fondo Perpetuo duró la “perpetuidad” de seis años.  

3. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) opera con un déficit anual de $65 millones. 

4. La tarjeta Mi Salud por años arrastra déficits de $200-$300 millones casi todos los años y de un sistema de salud que costaba $500 millones ahora nos cuesta $2,100 millones. 

5. La AAA operó por años con un déficit de $400 millones y del Fondo General se sacaba dinero para ella. Por eso es que la factura ha subido tanto por los pasados ocho años. 

6. La AEE opera con un déficit de $300 millones anuales y por eso no tiene ni para pagar su combustible, porque además ni el mismo Gobierno le paga a tiempo lo que le debe. 

7. La Autoridad de Carreteras ha operado por los pasados ocho años con déficits de entre $300-$400 millones (el Tren Urbano incluido aquí).

8. El Choliseo y el Centro de Convenciones operan con déficits anuales de $30 millones, cuando les incluyes el pago de su deuda, el cual fue asumido por nosotros en el Banco Gubernamental de Fomento porque ninguna firma privada cogería esa operación si le incluyes la deuda porque no hay forma de que haya ganancias. 

9. La Autoridad de Edificios Públicos opera con $45 millones en déficits anuales, los cuales se cubren con préstamos y emisiones de bonos. 

10. En el Puerto de las Américas (El Puerto de Ponce) ya van $400 millones y allí no pasa nada. 

11. El déficit anual de los sistemas de retiro de maestros y del gobierno central totalizaba casi $600 millones, los cuales han tenido que ser cubiertos por nosotros los y las contribuyentes en su inmensa mayoría. 

Si incluimos a la Autoridad de los Puertos, los municipios y la comunidad Cantera, el servicio de lanchas, la Universidad de Puerto Rico (UPR), etc., son cientos de millones de dólares los que hay por ahí adicionales que anualmente van cargando la espalda del pueblo, pero como preferimos el baile, la botella y la baraja, todo está “chillin”, hasta que explota y entonces es que nos damos cuenta. 

Antes resolvíamos con un préstamo. En 2006, cuando llegó el final del presupuesto, cogimos $5,000 millones y en el 2009, cuando volvimos a lo mismo, cogimos $11,000 millones más y con eso subsistimos hasta que se acabaron los chavos en el 2013 y ya no nos prestan a niveles razonables.

Desde el 2005 y 2006 sabíamos que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, los federales) nos obligaría a hacer cambios en la AAA y la AEE para evitar la contaminación y mejorar los estándares de calidad de agua y aire. Tendríamos hasta el 2015 para hacer ajustes y cambios, pero le dimos al botón de “snooze” de la alarma y para fuera. Ahora los cambios cuestan miles de millones de dólares y las multas federales, de no hacer esos cambios, son de cientos de millones. ¿Alguna propuesta?  

Los que llevamos años advirtiendo esto no es porque seamos profetas del desastre y menos es porque creamos saberlo todo. Estas cosas están escritas en documentos oficiales de los gobiernos federal y estatal, en las auditorías, en las evaluaciones de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. Sí, no hay que ser un genio para hacer esto, solo hay que leer un poco.  

Por eso el lunes de la semana pasada escribí la columna diciendo que era hora ya de tirar la toalla y habría que aceptar que no nos quedaría de otra que declarar la quiebra. No sabía que el sábado el gobernador firmaría dicha ley, ni que se radicaría la medida el miércoles pasado, pero era inevitable por los pagos de vencimiento de bonos y líneas de crédito de la AEE que venían para estos meses. Hello, si no tienes $100 millones para comprar combustible, ¿cómo vas a tener $671 millones para pagar tus deudas?

Claro que habrá consecuencias. Gente que invirtió en Puerto Rico perderá mucho dinero y eso incluye los fondos de retiro privados suyos, planes 401k, las IRA, planes Keogh, fondos mutuos y los planes de retiro del Gobierno también. Perderemos que gente nos preste dinero en el futuro, por un tiempo que nadie sabe cuánto será. Los bancos no nos podrán prestar tampoco porque el FDIC y el SEC no les permitirán darnos préstamos a estos niveles de cientos de millones de dólares que Puerto Rico necesita porque sería demasiado arriesgado hacerlo. 

Esta ley de quiebras criolla permite que se nombre a una persona que esté a cargo del proceso, incluso que si hay que vender la AEE u otra corporación pública o partes de ella lo pueden hacer. Permite que se eliminen contratos y convenios, hasta botar empleados de las corporaciones. Establece un proceso con los bonistas de “o negocias conmigo para pagarte la deuda en nuevos términos o vamos a ver si puedes cobrar, pero si cobras será lo mismo que quienes negocien”. Ahora vamos a ir a los tribunales porque bonistas impugnarán esto por años y estaremos largo tiempo viendo litigios que nos costarán millones, muchos millones. 

Veremos también si los tribunales, tanto estatales como federales, permiten esta ley y no la declaran inconstitucional. Partes de la ley para mí son inconstitucionales, pero todo esto está en veremos. Habrá gente que te dirá que la quiebra es la última opción y que hay que cortar todos los gastos posibles antes de eso. Y tienen razón, pero para que tenga idea, la AEE tiene que hacer pagos de $671 millones ahora en julio y agosto y toda su nómina, completa, todita, incluyendo los afiliados a la Utier, Uitice, todas las uniones y gerenciales y todos sus beneficios no llegan a $550 millones. O sea, tendría que botar a TODO su personal unionado y gerencial y aun así no le daría para hacer esos pagos. Y claro que el problema es que si la AEE no paga, el BGF es el primero que se va a ver apretado porque ya el Fondo General no le va a pagar y Carreteras depende del BGF y así otras corporaciones públicas. En fin, el boquete en que estamos lleva desde al menos 1975 construyéndose con trucos y no hay duda que desde el 2006 para acá se disparó brutalmente.

Compañeros y compañeras de los medios, espero un análisis más serio sin partidismos. Seamos mejor que los políticos a quienes tanto criticamos. El país lo necesita y nosotros hemos sido parte del problema. La historia no será benévola con esta generación, aprendamos.