La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, se mostró satisfecha con la determinación del Tribunal Apelativo que concluye que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no tenía razón en los planteamientos y solicitud de multa en relación a una querella que radicaron en su contra varios empleados municipales pdurante el proceso de primarias del año 2016.

“Ha sido un proceso bien injusto para mí y mi familia, porque en mi carrera profesional y política siempre la gente en Puerto Rico, no tan solo los canovanenses, me han conocido por mi trabajo, dedicación, compromiso y por levantar la voz para exigir lo que le corresponde a mi gente. El trabajo lo hemos hecho en beneficio de todos, lo que hicieron los empleados lamentablemente fue dejarse utilizar por algunas personas que no querían que la obra y el progreso continuara en nuestro pueblo”, dijo Soto mediante comunicado de prensa.

La Primera Ejecutiva Municipal añadió que “es importante que el pueblo puertorriqueño y los canovanenses estén claros que para mí este proceso tan amargo finalizó con la determinación del Tribunal Apelativo. Con esto quiero dejar establecido, que sigo enfocada en mi lucha por buscar el mejor bienestar de todos los canovanenses, que nada ni nadie me va a quitar el entusiasmo por continuar sirviendo a mi gente con la rectitud que siempre me ha caracterizado. Este proceso nos ha enseñado que tenemos que continuar siendo firmes en nuestras convicciones y que no podemos desenfocarnos en nuestra labor porque algún empleado, compañero o persona externa que no tenga compromiso, ni deseos de trabajar empañe todo un trabajo realizado en el servicio público”.

Por su parte, Jerome Garffer, abogado de la alcaldesa, dijo: “estamos muy satisfechos con la decisión del Tribunal Apelativo, ya que a todas luces fue un proceso injusto y politiquero por parte de algunos opositores quienes se atrevieron a usar el buen nombre de la OEG para adelantar la causa de sus candidatos políticos particulares. La OEG es el garante de que nuestros funcionarios públicos obren conforme la ética, la moral y la ley. Utilizar la OEG para otra cosa es un sacrilegio”.

Por último, la alcaldesa Lornna Soto indicó que confiía que los empleados públicos que se prestaron para lo que ella llamó injusticia "aprendan la lección de que no se puede hacer querellas por puro capricho o porque alguien les pida que actúen basada en agendas escondidas".

Agregó que "el daño emocional a mis hijas y a nuestro pueblo en un momento como el de un proceso electoral y todos estos años, no fue justo y estaba orquestado para hacerme daño político”.

Según el comunicado, La OEG presentó querella contra la alcaldesa el 5 de abril de 2016, meses antes de la primaria del PNP, alegando violación a la ley de Ética Gubernamental en su artículo 4.2, b, k, m y s; que en síntesis es utilizar cargo público para beneficio personal, par5a obligarlos a ir actividades de su campaña como candidata a la alcaldía. El 7 de junio de 2017, la OEG impuso una sanción de $40,000 contra la alcaldesa, y Soto apeló. 

El Tribunal Apelativo revocó a la OEG debido a que no se le dió la oportunidad a la querellada de presentar testigos y primordialmente porque el testimonio vertido por todos los testigos que presentó la OEG no reunían los requisitos del quantum de la prueba, según el comunicado, y que toda reunión fue hecha fuera de horas laborales y sin que hubiera ningún tipo de presión por parte de la Alcaldesa de asistir a las mismas.