El Movimiento por la Niñez y la Educación Pública de Puerto Rico exigió hoy al Departamento de Educación que resuelva el problema de unos mil estudiantes de educación especial que aún permanecen sin escuela o no reciben sus servicios desde que el nuevo curso escolar comenzó hace tres semanas.

Ante ello, la portavoz del organismo, Jinnette Morales, hizo un llamado a que organizaciones, como la Comisión de Derechos Civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles, a que atiendan el asunto como "una emergencia y de flagrante violación de derechos humanos" a algunos de los 130,000 niños de educación especial que hay en el País.

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Según indicó Morales, la problemática mayor que han tenido estos niños con diversidad funcional durante las primeras tres semanas del nuevo año escolar se debe al cierre de las escuelas que propuso Educación, como parte de su plan fiscal para ahorrar capital para el Gobierno.

"Por el cierre de escuelas se han afectado porque aquí no se hicieron con sensibilidad, sino a base de números", sostuvo Morales a Efe, al tiempo en que criticó a la titular de Educación, Julia Keleher, por toda la problemática.

"Ella movió a los estudiantes como cualquier pupitre. Por esto es que ahora están saliendo todos los problemas, porque las escuelas receptoras están albergando a todos los niños, afectándolos. Esta es una población inexistente para ella", destacó Morales.

Según el Departamento de Educación, existen 13 categorías para catalogar a un niño con educación especial, entre ellas, autismo -del cual sufren 15,000 estudiantes-, retraso mental, ceguera, auditivo, problemas de salud, múltiples impedimentos, dislexia u otras condiciones de aprendizaje.

Por su parte, la directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Joyce Dávila, afirmó en rueda de prensa frente a la sede del Departamento de Educación en Hato Rey que "este año ha sido el peor de todos".

"¿Cómo es posible que estos niños estén sin clases, sin salones sin maestros y sin asistentes?", cuestionó la portavoz del grupo que representa a 15,000 alumnos en todo el archipiélago borincano.

"El cierre de escuelas no fue aparentemente bien planificado porque de alguna manera es que a los niños cortan la soga, más frágil y nuestros hijos son tan importantes como cualquier niño de educación regular", agregó Dávila.

Ante la falta de clases en su escuela -la Isidro Sánchez de Luquillo- el joven Dereck Canales Díaz, de 15 años y estudiante de educación especial, sostuvo que el Departamento de Educación "ha sido bien injusto. No porque nosotros tengamos una condición, se nos debe tratar diferente".

"Estas cosas que están pasando en este país y este año, a la gente le están obligando a tomar decisiones de irse del país. Y yo me siento bien humillado, porque no se me está tratando como a otros niños y siento que han sido bien injustos. Yo pido justicia por todos nosotros", expresó.

"Me parece muy injusto porque a la gente de corriente regular se le trata de lo más normal posible y a la gente con problemas, como nosotros, no se le está dando la importancia que debemos tener", explicó el joven que sufre de ceguera legal y perlesía cerebral leve.

Por su parte, Diana Rodríguez, madre de un hijo de educación especial, indicó que el problema administrativo del Departamento de Educación "afecta a niños a que se atrasen" en el semestre escolar.

"Yo espero que me ayuden y me den las herramientas para ayudar a mi hijo. Yo entiendo que es injusto que estos niños estén en sus casas y que no comenzaron las clases como los niños regulares. Es muy injusto con todos estos niños de necesidades especiales", afirmó.