Estudiantes de nivel doctoral del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de Puerto Rico y el Caribe denunciaron hoy que reina la incertidumbre y la falta de información en torno al futuro de la institución, cuya sede en el antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso, en el Viejo San Juan, fue puesta en venta hace varios meses por la Iglesia católica.

Luis Rogelio Torres Maldonado, estudiante de doctorado en historia sostuvo que en medio de la amenaza de desalojo, salió a relucir que el CEA enfrenta una deuda administrativa de más de $800 mil y que todo esto se da, en momentos en que el Centro se encuentra en un proceso de acreditación por parte de la Middle States Asociation. Dijo que se ha mencionado, como posibilidad, mudar el CEA al Archivo General de Puerto Rico, pero esto ha quedado en suspenso.

“Esto comenzó ya sabemos desde el asunto con la Iglesia católica que irresponsablemente por no pagarle a unos maestros pensionados pone a la venta el edificio del Seminario Conciliar, un lugar que es patrimonio cultural, que es un centro histórico que lleva 200 años y que con mucho esfuerzo don Ricardo Alegría levantó para revivirlo y adiestrarnos en las disciplinas de historia, arqueología y literatura”, dijo Torres Maldonado junto a otros estudiantes, en una conferencia de prensa en la Plaza Juan Ponce de León, a pasos del CEA.

El Seminario Conciliar, ubicado en la calle Cristo, fue construido en 1832 y desde 1985 es sede del Centro de Estudios Avanzados. El edificio estaba en ruinas y Alegría contribuyó a que fuera restaurado y declarado patrimonio cultural del País. El arqueólogo también fue el fundador del CEA.

“La preocupación mayor es que no ha habido aquí transparencia. Hace poco cuando estábamos iniciando las clases se nos había dicho que todo estaba bien y cuando casi se están acabando las clases se hace otra asamblea donde se nos dice que el Centro está endeudado, que su deuda está sobre $800 mil y el presidente de la Junta de Síndicos, Eduardo Rodríguez Vázquez, nos dijo que nosotros, los estudiantes somos los principales responsables de esta deuda”, sostuvo Torres Maldonado.

Indicó que el Presidente de la Junta de Síndicos “no puede generalizar” porque la institución ya tenía problemas administrativos.

Otro estudiante de doctorado en historia, Paul Cruz Rosa, dijo que el problema es multifactorial. “Es por falta de administración, por unos fondos que le daba el gobierno federal a las instituciones privadas que no se le están dando desde 2009 hacia adelante y por ende los $2 millones que dejó el doctor Alegría los están utilizando para las operaciones (administrativas)”, indicó Cruz Rosa. Además, dijo que “se han graduado estudiantes en el pasado que tienen sus títulos y transcripciones de créditos, que tienen deudas todavía con la institución y eso no es culpa de los estudiantes actuales”.

En torno a la posible mudanza al Archivo General, cuestionó que el Presidente de la Junta de Síndicos no haya firmado el contrato. “El Archivo General está dispuesto a abrirnos las puertas y nosotros utilizar la primera la segunda planta para las operaciones educativas nuestras. La situación es que se estaba preparando un contrato para que se firmara y movilizarnos para allá”, expresó el estudiante.

Tanto Cruz Rosa como Torres Maldonado y otros estudiantes del CEA dijeron que prefieren que la institución docente permanezca en el antiguo Seminario Conciliar, pero en medio de la controversia temen que el centro pierda su acreditación.

“Lo que nosotros queremos es que continúe la institución. Es una lástima que la Iglesia católica venda el espacio, pero es un espacio privado y si tenemos ese espacio disponible, en el Archivo General, nos debemos de mover porque si no, vamos a perder la acreditación. Ese el miedo de nosotros”, sostuvo Cruz Rosa.

Los estudiantes exigen, además, que el CEA mantenga los fundamentos de la visión de Don Ricardo Alegría en cada una de las disciplinas que ofrece la institución.

En enero pasado la Arquidiócesis de San Juan confirmó que puso en venta el edificio del Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar de San Idelfonso con el fin de crear un fondo que cumpla con el pago de las pensiones que adeuda a los empleados retirados de los colegios católicos.

Desde agosto de 2018 la Arquidiócesis enfrenta un proceso de quiebra tras adeudar a sus acreedores más de $16.1 millones.