Los resultados compartidos por primera vez en Puerto Rico, luego de haber sido presentados en la convención de la American Speech-Language Hearing Association ese año en Filadelfia, aportan información adicional a la investigación publicada esta semana en Primera Hora sobre las escasez de oportunidades laborales para esta población. 

Según los resultados del cuestionario sometido a 82 padres con hijos diagnosticados con el trastorno del espectro autista (TEA) -por las licenciadas María Moro, Nitza Rodríguez y Carmen Cruz, y la estudiante Valeria Caraballo-, el 94% de estos dijo que sus hijos no tenían un empleo sostenido al momento del estudio. Ese mismo por ciento indicó que vivían con ellos en su hogares. 

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Otro dato indica que el 90% de los progenitores reportó que su hijo no alcanzó un nivel de educación superior, entiéndase estudios universitarios a nivel de bachillerato. 

“Se puede concluir que la población con autismo que experimentó la transición postsecundaria -proceso que el Departamento de Educación ejecuta cuando los estudiantes finalizan los servicios del programa de Educación Especial, lo que ocurre a los 21 años - no alcanzó un nivel de educación superior, son incapaces de obtener y mantener un empleo sostenido, y, como resultado, están viviendo con sus padres o cuidadores, dependiendo de ellos para todos los aspectos de sus vidas”, concluye el estudio de las facultativas de la Universidad Carlos Albizu.

Además expusieron que el 71 por ciento de los padres informó sentirse preocupados sobre el futuro de sus hijos.

Pero tanto Moro como Rodríguez coincidieron en entrevista con este medio en que hay que moverse de la preocupación a la solución porque la población seguirá creciendo, ya que uno de cada 62 nacimientos podrían desarrollar alguna forma de autismo en la Isla, según un estudio de 2011. 

Las soluciones incluyen orientar a toda la población sobre el TEA y la vida adulta y sus niveles de funcionamiento; crear programas de educación a padres y familiares sobre el desarrollo y la prognosis; e implantar acuerdos colaborativos entre agencias públicas y privadas para crear programas de vida independiente en comunidad y empleabilidad para los que su nivel de funcionamiento se los permita.