No sólo le ofreció trabajo a su “su amigo entrañable”. La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, también intervino activamente para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico restituyera a Juan Ramón Cotto Vives la práctica de la abogacía.

Del expediente judicial sobre la reinstalación de Cotto Vives se desprende que la licenciada Rosario Vega envió cartas a los jueces del Supremo en las que recomendaba la reinstalación de este abogado y daba fe de su buena conducta. Rosario Vega envió cartas en el 1995 y en el 2008 para acompañar sendas peticiones de reinstalación que hizo el abogado al Supremo.

La directora de la OEG no se conformó con el envío de cartas, sino que el 2009 fue testigo de reputación de Cotto Vives durante la vista pública que se realizó para atender la petición de reinstalación.

De hecho, Rosario Vega testificó que por la experiencia en asuntos de seguridad pública que le brindó ser la administradora de Corrección entre 1983 y 1985, podía percibir la rehabilitación del peticionario.

En la carta de endoso enviada en 2008 al Supremo, Rosario Vega describió a Cotto Vives como “su amigo entrañable” y sostuvo que se siente “muy honrada de formar parte de la familia extendida de los Cotto Vives hace más de 25 años”.

Mientras que en su primera carta, con fecha del 1 de agosto de 1995, la licenciada invitó al tribunal a “considerar la trayectoria intachable que ha regido las actuaciones del amigo Cotto Vives en los 10 años que han transcurrido desde su convicción y separación de la abogacía” para que quedase “convencido de que éste es un hombre nuevo”.

Otros abogados y conocidos de Cotto Vives enviaron cartas de endoso como parte de las solicitudes de reinstalación que el desaforado presentó en varias ocasiones.

El abogado fue desaforado en diciembre del 1985 luego de que meses antes se declarara culpable en la jurisdicción federal de apropiarse ilegalmente de cheques de un cliente, en hechos ocurridos en el 1983. Fue sentenciado a dos años de prisión pero luego su sentencia fue modificada para que cumpliera cinco años en probatoria y restituyera a su víctima $10,976.34.

Tras su convicción y al tratarse, además, de un delito que implica depravación moral, Cotto Vives fue separado de su profesión. El abogado, quien comenzó su práctica en el 1974, intentó en varias ocasiones que se le permitiera volver a ejercer su profesión, pero encontró la repetida negativa de los jueces del Supremo.

Después de solicitar reconsideración, un día como hoy hace dos años, Cotto Vives volvió a tener autorización para practicar su profesión.

Cuando sólo habían transcurrido cuatro meses de su reinstalación, el abogado fue contratado por la OEG como oficial examinador. En enero de este año fue ascendido a director auxiliar del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo, quien se encarga de determinar cuáles querellas éticas proceden y cuáles no.