Decenas de pescadores en Santa Isabel se quedaron sin la rampa del barrio Playa, que por años utilizaban para tirar sus embarcaciones y llevar el sustento a sus hogares.

Según los obreros del mar, la situación inició el pasado mes de enero cuando el alcalde Enrique "Quique" Questell Alvarado ordenó el cierre del muelle por presuntas medidas de seguridad.

La situación afecta a unos 30 trabajadores del mar que no cuentan con otro espacio para ejecutar sus labores, ya que el huracán María destruyó casi todas las rampas públicas en la Isla, incluyendo Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Fajardo. Sin embargo, la única que cerraron fue la de Santa Isabel.

Varios santaisabelinos aseguran que la decisión de Questell atenta contra aquellos que viven de la pesca. Además, que el área clausurada era visitada por cientos de familias que llegaban al lugar para acceder a los cayos aledaños, pasear en kayak y otras actividades recreativas.

“Ahora mismo esos pescadores no tienen en dónde tirar, están con un trillito que le cedió un vecino para poder entrar las embarcaciones, pero es tan llanito, que a veces una embarcación de 16 pies tiene que tirarla entre cinco y seis personas para poder salir al mar a buscar el pan de cada día porque viven de eso”, explicó el pescador Alfonso Alfonso Cintrón.

“Esa rampa lo que tiene es si acaso un 25% de destrucción y cuando veo eso cerrado le pregunto a los pescadores, nadie sabe decirme nada y pregunté si hicieron querella en el Cuerpo de Vigilantes (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales), pero nadie lo había hecho. Así que fui a hacer la querella el pasado 2 de febrero”, agregó el pescador.

Según Cintrón, los vigilantes del DRNA revelaron que cuando fueron a investigar la querella por el cierre de la rampa, el alcalde Questell Alvarado dijo que esa determinación se hizo como medida de seguridad.

“Me pregunto qué seguridad, si el huracán María nos azotó hace un año y medio y él cerró la rampa hace menos de dos meses. Ahí nunca ha habido ningún accidente y si hubiese querido actuar de buena fe con los pescadores y con la gente, la hubiese cerrado de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana”, afirmó.

“Pero la cerró porque él tiene una rampa ilegal en su propiedad y cobra $25 o $30 para poder tirar una embarcación y lucrarse personalmente. Esa rampa que él hizo es ilegal, porque ya yo investigué con Recursos Naturales”, cuestionó.

Alfonso denunció que el alcalde de su pueblo construyó una rampa privada sin los per misos del DRNA. Sobre esto insistió en que cuenta con vasta evidencia para sostener sus acusaciones, además de la destrucción de mangles en el terreno propiedad de Questell con personal y equipo del Municipio de Santa Isabel.

“Es ilegal porque él tiene que pedirle al Cuerpo de Recursos Naturales unos permisos. Y entiéndase, él arrancó unos mangles para mejorar una rampita para él poder utilizarla y entrar embarcaciones grande”, afirmó.

De acuerdo con Alfonso, vigilantes del DRNA entraron al terreno del alcalde para intervenir cuando se estaban arrancando los mangles a machetazos y con una excavadora. Pero les llamaron la Policía “por entrar sin permiso a su propiedad”. 

Al cierre de esta edición se intentó conseguir una reacción del alcalde pero los esfuerzos fueron infructuosos.