Pescadores de la zona suroeste de Puerto Rico levantaron ayer su voz de protesta ante la proliferación de embarcaciones de pesca industrial (longliners) de Estados Unidos y de otros países que buscan el producto en aguas territoriales de Puerto Rico.

Tanto pescadores comerciales como deportivos presentaron su objeción a esta práctica durante la celebración de una vista pública que llevó a cabo la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste para discutir el propuesto proyecto senatorial 1014, que busca crear una nueva ley de pesca en Puerto Rico.

Según el reclamo de los pescadores de la zona, la presencia de “longliners” cerca de la costa de Puerto Rico es una práctica que lleva años ejecutándose y que afecta no solamente a la pesca comercial de la Isla, sino que tiene un impacto en todo tipo de especies marinas, incluso aquellas que están en veda.

“Es un problema serio. Vienen a pescar en aguas federales, pero en la zona de Puerto Rico. Ahora mismo en Parguera, Ponce y Guayanilla hay pescadores que están pescando en aguas cercanas a las 12 millas náuticas (límite de las aguas de Puerto Rico) y a veces cruzan ese límite. Es una pesca invasiva. Ataca a todas las especies”, sostuvo Walter Martínez Arroyo, presidente de la Villa Pesquera Nuestra Señora del Carmen.

Según explicó el veterano pescador, se trata de embarcaciones que poseen extensas líneas que pueden incluir cientos de anzuelos a la vez. Esas líneas entran a las aguas locales y acaparan la pesca local.

“Muchos de ellos desembarcan esa pesca en Puerto Rico, luego se la llevan a otro lugar y en Puerto Rico nadie se beneficia de eso. Además, hay peces que en ese momento están en veda, como ahora mismo la sama. Sin embargo, ni el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) ni otras agencias pueden intervenir con ellos porque son pescadores que tienen un permiso especial de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica)”, sostuvo Martínez Arroyo.

“Nos quitan la pesca y tras de eso, nosotros tenemos que cumplir con una serie de requerimientos para hacer esa misma pesca por parte de la Guardia Costera, además de los requerimientos estatales y federales. Ellos no”, sostuvo el líder de los pescadores.

Mientras, Kenneth Ramírez, pescador deportivo, denunció que la problemática de estas embarcaciones es aún mayor, pues afecta a especies que están protegidas, como las tortugas de mar, los delfines y hasta ballenas.

“Se supone que ellos no pescan dentro de las aguas locales, pero sí pescan en lugares donde las corrientes tiran las líneas a las aguas locales. La verdad es que no discriminan. Afectan todas las especies y lo que agarran que no se puede vender, como delfines o tortugas marinas, las tiran muertas al mar”, apuntó Ramírez.

De igual forma, reclamó que mientras los “longliners” tienen vía libre para atrapar lo que quieran, la nueva ley de pesca propone ponerle un máximo de 30 libras a los pescadores deportivos.

Durante la vista cameral, que presidió la representante Maricarmen Mas, el representante Carlos Bianchi trajo la preocupación de los pescadores al deponente y representante del DRNA, Daniel Matos Carballo, y le preguntó su si agencia podría intervenir con estas embarcaciones.

“Hasta donde tengo conocimiento, todas estas embarcaciones responden directamente a NOAA Fishers y cada una de estas embarcaciones envía una señal por satélite de dónde está y por cuánto tiempo y ellos saben en todo momento dónde se encuentran”, sostuvo el biólogo marino de la DRNA.

Sin embargo, Bianchi le indicó que la señal solo aplica a la embarcación y no a la línea de anzuelos que entran a aguas de Puerto Rico.

“Mi pregunta es si de la misma forma que el DRNA actúa contra los pescadores comerciales, podría también actuar contra estas embarcaciones por esta práctica, que a mi entender es ilegal”, increpó Bianchi.