Los municipios podrán contar con un mecanismo que les otorgaría un adelanto de 25% de fondos de recuperación aprobados bajo el Programa de Revitalización de Ciudades, un cambio que se espera agilice los trabajos de reconstrucción y revitalización a través de toda la Isla.

De acuerdo con el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), William Rodríguez Rodríguez, este programa atiende la necesidad de los ayuntamientos de contar con dinero para poder echar a andar sus proyectos de reconstrucción, con el menor impacto a sus presupuestos y los de servicios que ofrecen a diario. Asimismo, el programa haría los proyectos de reconstrucción más atractivos para los diferentes contratistas y empresas, toda vez que “garantizamos que el municipio va a tener el efectivo para ser ágil en el proceso de pago” por los trabajos y servicios.

Los fondos del Programa son parte de los fondos de recuperación conocidos como CDBG-DR, que llegan a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), y se administran localmente a través del Departamento de la Vivienda.

Según informó el gobernador, al Programa de Revitalización de Ciudades, o City Rev, como también se le conoce, se le asignó un presupuesto de cerca de $1,300 millones, a repartir entre los municipios mediante una fórmula, de manera que cada uno de los 78 municipios recibirá “como mínimo cerca de $8 millones”, para que puedan desarrollar “obras claves, de forma bien planificada”, que logren “un impacto directo en la calidad de vida de sus residentes”. Los municipios de San Juan y Mayagüez recibieron cada uno una asignación especial de $50 millones, para atender los entornos de la Universidad de Puerto Rico en esos municipios.

“Reconocemos que el desarrollo de decenas de miles de proyectos relacionados a la reconstrucción conlleva un proceso de planificación, diseño, subasta, contratación y construcción. Y ese proceso tiene un impacto grande sobre el personal y las finanzas y los municipios, que tienen que manejar las responsabilidades diarias de sus ayuntamientos y atender las necesidades de sus compueblanos al mismo tiempo que deben desempeñar el arduo trabajo de la reconstrucción”, sostuvo Pierluisi.

Agregó que, para este programa de adelanto de fondos, siguiendo el modelo que acordaron con FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) que probó ser exitoso, al punto que, primero se autorizó su expansión a todos las agencias y municipios, y luego se autorizó otro adelanto de 25% adicional para aquellos proyectos que están en cumplimiento con los requisitos establecidos. Dicho modelo fue presentado ante HUD, que accedió a la petición de conceder los adelantos.

Pierluisi subrayó que, bajo el Programa City Rev, se han aprobado ya 328 proyectos, cuya inversión total estimada es unos $800 millones.

Entre los proyectos que podrían usar los fondos de Programa, mencionó “proyectos para mejorar nuestras comunidades, proveer vivienda segura, promover desarrollo económico y revitalizar cascos urbanos”, así como “reurbanizar y reverdecer esos centros urbanos, y restaurar los recursos naturales perdidos en cada uno de nuestros municipios”. Asimismo, podría usar para expropiar estructuras que se han convertido en estorbos públicos, sean edificaciones abandonadas que se puedan revitalizar para su uso como nueva vivienda o espacio comercial, o ruinas no recuperables que se quieren limpiar.

Rodríguez añadió que el proceso de solicitud es uno “sencillo”, en el que el municipio solo tendría que completar “un documento de certificación de fondos y un plan de gastos de 90 días a través del portal de CDBG-DR” del DV. Completada la solicitud, “en un promedio de dos a tres semanas debemos estar recibiendo esos fondos para poder distribuirlos directamente al municipio”.

Al momento, de los 328 proyectos aprobados bajo el Programa City Rev, 39 proyectos estaban en etapa de diseño, y tres en construcción, estos últimos en San Juan (la calle Fortaleza), Aibonito (la plaza pública) y Carolina (dos avenidas).

Rodríguez aclaró que, ante los aumentos “sustanciales” que vienen ocurriendo en los costos de materiales y construcción, es posible que los municipios se vean obligados a “priorizar” y trabajar en proyectos que consideran más importantes, de manera que “no necesariamente los 328 proyectos al final del día se llevarán a cabo”.

Por otro lado, para velar por el buen uso de los fondos del Programa, HUD requirió el establecimiento de controles internos robustos y procedimientos escritos, mantener registros contables, garantizar que el uso de los costos sea el permitido, mantener la documentación original de gastos, implementación de controles presupuestarios y gestión de manejo de flujo de dinero proyectado de los fondos.

“Bien importante, cada vez que un municipio haga un gasto o pague una factura, tiene un periodo de siete días para subir a la plataforma para evidenciar que se realizó el pago a cada uno de sus suplidores”, afirmó el secretario, agregando que los municipios recibirían adiestramientos y asistencia para asegurar el cumplimiento.

Rodríguez comentó que, en aras de proveer un mayor espacio a los municipios para llevar a cabo las obras, se le solicitó a HUD una extensión de dos años al término de expiración del Programa, que originalmente estaba pautada para 2024. Agregó que están a la espera de la respuesta de HUD, que, de ser positiva, extendería el término hasta 2026.

En cualquier caso, el secretario sostuvo que, según los estimados, la mayoría de esos proyectos tomaría 12 a 18 meses, por lo que se espera estén finalizados para 2024.

En un asunto relacionado, al ser abordados sobre la escasez de mano de obra, en medio de miles de proyectos simultáneos, los funcionarios indicaron que esperan que se puedan integrar más contratistas y obreros en la medida que aprueban iniciativas como esta que estaban anunciando, que hacen más atractivo emprender los trabajos.

Pierluisi recordó que también firmó una orden ejecutiva que “exige” que el pagó mínimo a un obrero diestro en esas obras de reconstrucción financiadas con fondos federales sea de $15 por hora.

Sostuvo que la información que ha recibido es que, en proyectos de obras grandes de reconstrucción, los contratistas no han tenido problemas para conseguir el personal necesario. En cambio, en obras a nivel municipal, ha habido casos de “subastas desiertas”, en las que no llegan contratistas a licitar y, una vez se cumplen ciertos criterios, el municipio hace la contratación directa de un contratista.

El gobernador agregó que la situación de escasez de mano de obra no se limita a Puerto Rico, e incluso fue “un tema principal de conversación” entre gobernadores y funcionarios del gobierno federal en su reciente visita a Washington.

Agregó que, tanto en la vista ante el Senado como en conversaciones con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, abordó el tema de la posibilidad de exenciones o modificaciones a los requisitos de visas de trabajo, de manera que puedan traer a Puerto Rico obreros migrantes para trabajar en esos proyectos.

“El (secretario) está receptivo. Pero no quiero comprometerlo, porque aquí hay aspectos legales que tienen que atenderse. Lo que he dicho es que busquen la manera de modificar programas existentes de visas, para, por ejemplo, que en el caso nuestro, no sea lo que en inglés dicen ‘seasonal’, por temporadas, como en la agricultura. Lo que indiqué es que usualmente los proyectos de construcción tardan entre 18 meses a dos años. Me parece a mí, usando mi sentido común, que este programa debería ser a base de visas con dos años de duración”, comentó Pierluisi.

Agregó que, tomando en cuenta la situación de migrantes procedentes de países de Centroamérica y de la República Dominicana, sugirió que se monte un programa dando la oportunidad a obreros diestros en construcción de esas naciones, para que soliciten desde sus países de residencia participar del programa, en acuerdo con algún patrocinado o auspiciador, que en este caso podrían ser contratistas de construcción de Puerto Rico.

Añadió que, aunque se ha mencionado una necesidad de 30,000 obreros de construcción para hacer toda la obra pendiente, en sus peticiones relacionada a migrantes, ha usado un estimado “real” de 10,000 obreros, para que “este programa nos asista”.

Asimismo, en otro tema relacionado a fondos para los municipios, en particular la legislación que otorgaría $1 millón a cada municipio, y que ya firmó, sostuvo que dicha medida está en estos momentos bajo evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal.

Agregó que entendía que ya se había emitido la certificación que establece que la legislación “no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”, y que estaban en conversaciones con el ente fiscalizador para “evitar que la Junta vaya al tribunal federal a impugnar la ley”, de manera que puedan hacer el desembolso del millón a cada municipio.

Aclaró, sin embargo, que al momento no tienen el aval de la JSF.