La "Línea de Orientación 24/7" de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) atendió 966 incidentes relacionados a la violencia machista en 2018, reveló hoy la procuradora Lersy Boria.

Asimismo, reflejó que Bayamón es donde se producen más sucesos relacionados con este problema.

A su vez, expresó hoy que la violencia doméstica constituye un "grave problema global de salud que afecta a un tercio de todas las mujeres a nivel mundial, y que Puerto Rico no es la excepción".

"Para poner en perspectiva lo alarmante que es la situación en nuestra isla, para el año 2018, la 'Línea de Orientación 24/7' de la Oficina de la Procuradora de la Mujer atendió 3,296 llamadas para orientaciones de víctimas de violencia doméstica y en este mes han aumentado en un 21 por ciento", indicó.

A su vez, mencionó que, de acuerdo con estadísticas del Negociado de la Policía, Bayamón encabeza los incidentes de violencia doméstica con 951 querellas de enero a diciembre de 2018, seguido por Arecibo con 907 y Caguas con 608.

A tal efecto, la funcionaria favoreció este miércoles, en vista pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la representante Lourdes Ramos, el Proyecto de la Cámara 2007 para crear la "Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave".

Mediante este Proyecto se le concede 15 días sin sueldo a estos empleados durante el año, indistintamente que exista o no una querella policiaca para atender los problemas que enfrenten por estas causas.

La Procuradora de la Mujer agregó que el año pasado, la OPM atendió 966 situaciones relacionadas con la violencia doméstica, 73 situaciones de acecho y 29 situaciones de agresión sexual, sin considerar las situaciones no atendidas por la OPM.

Según Boria, "a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para atender las manifestaciones de la violencia doméstica o de género en las esferas de empleo público y privado, muchas víctimas se han visto coartadas de la ayuda que proveen estas leyes en sus lugares de empleo por la interpretación limitada de las leyes, que algunos patronos han decidido adoptar a favor de sus empleados. Por lo que este proyecto es cónsono con parte del protocolo ya existente en estos casos".

A preguntas de la Representante Ramos Rivera, la Procuradora indicó que las multas impuestas por el incumplimiento de la ley, tienen que pagarlas los patronos en el caso de la empresa privada y el Gobierno respecto a los empleados públicos.

 Además, informó a la Comisión que su Oficina está trabajando en una base de datos sobre estos casos con el propósito de tener un cuadro de las necesidades apremiantes.