Autos, prendas, botes y dinero en efectivo figuran en la lista de los bienes de valor que recupera el Gobierno producto de las actividades criminales que son desarticuladas por la Policía y que dejan millones de dólares anualmente a través de la Junta de Confiscaciones, adscrita al Departamento de Justicia.

Según datos suministrados por la agencia, desde el 2016 a diciembre de 2019, el gobierno de Puerto Rico ha obtenido $9,204,508 de propiedades confiscadas en intervenciones de agencias de seguridad o fiscalizadoras como el Negociado de la Policía, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) o el Departamento de Hacienda.

Cerca de $2,819,789 proviene de dinero confiscado, y el resto de bienes muebles son vendidos al mejor postor en subastas organizadas por la Junta de Confiscaciones, según los datos suministrados por el Gobierno.

El objetivo realmente de este proceso no es sacarle dinero a estos bienes, aseguró la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones.

“Esto es un proceso efectivo. Los bienes que son confiscados han sido usados para la comisión de un delito… el uso de estos bienes para cometer delitos debe ser sancionado”, dijo Longo Quiñones.

Longo Quiñones explicó a Primera Hora que la Junta de Confiscaciones tiene 12 empleados y sus operaciones se financian, precisamente, con el producto de las ventas en subastas, mientras que el sobrante pasa al Fondo General. Otros gastos de la entidad incluyen -a veces- litigar en los tribunales con acreedores financieros.

Tanto la secretaria de Justicia como el director de la Junta de Confiscaciones, Alberto Cruz, indicaron que estas subastas se hacen varias veces al año en un solar de Salinas. Dijeron que se siguen estrictos parámetros establecidos por la ley como cumplir con requisitos de notificación antes de convertir la propiedad confiscada a un implicado de delito, en dinero para el Gobierno. Las ventas, además, deben ser a precio de tasación. Cualquier persona puede participar en las subastas, a las que a veces van hasta 300 a 400 personas y que se anuncian en prensa escrita. Las transacciones se hacen con dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

La mayor cantidad de los bienes muebles confiscados son prendas y autos, aunque a veces incluyen animales como ‘ponies’, dijeron. Los ‘ponies’ más recientes fueron vendidos al Municipio de Bayamón, contó la secretaria.

Lo más que se venden son autos confiscados. De hecho, el pasado año fiscal hubo 820 vehículos, y se vendieron en subasta 662. “Se pueden conseguir muy buenas ofertas”, agregó Cruz quien citó como ejemplo que un auto del año se venda en apenas $5,000; o que un auto Lexus -valorado en $80,000- pasó al mejor postor por tan solo $44,000.

Aunque se confiscan botes, los grandes y lujosos terminan en poder de las autoridades federales, así que no es mucho lo que obtienen de esa partida. De hecho, las autoridades federales usan los mismos predios en Salinas para subastar los bienes que confisca, dijo la secretaria.

Es el propio Gobierno el que a veces se lleva los artículos. La ley dispone que agencias de ley y orden obtengan vehículos con un 90% de descuento del precio de tasación y otras agencias pagan la mitad del precio. Un ejemplo de estos casos llegó a La Fortaleza, cuando el exgobernador Alejandro García Padilla usaba de vehículo oficial un auto confiscado.

Aunque pueden confiscar bienes inmuebles, como casas, terrenos y apartamentos, Cruz y Longo Quiñones dijeron que no pasan por subasta en la Junta de Confiscaciones porque normalmente la deuda de la propiedad, por ejemplo de la hipoteca en el banco, supera lo que se le puede sacar mediante venta en pública subasta.