La Cámara de Representantes considerará mañana, miércoles, el paquete de medidas de presupuesto para el nuevo año fiscal 2020-2021, entre ellas, la resolución conjunta para los gastos del gobierno central con cargo al fondo general.

Para los gastos del gobierno central, el Ejecutivo propuso un presupuesto de $10,214,190 mientras, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había sometido primero uno por la cantidad de $10,045,190. El propuesto por La Fortaleza es $169 millones mayor que el ente federal, que no incluyó el pago del Bono de Navidad.

Igualmente, podrían ser evaluadas mañana las resoluciones de asignaciones especiales, entre ellas, los donativos legislativos.

Los cuerpos legislativos tienen hasta el jueves para aprobar las medidas del presupuesto, pues ese día vence el término para aprobar medidas en la presente sesión ordinaria. Del 25 al 30 de junio solo se aprueban aquellas que en las que no ha habido acuerdo y pasan a comités de conferencia.

En el Senado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla, no descartó que el paquete de medidas sea considerado mañana mismo en ese cuerpo legislativo, pero dijo que dependerá de las enmiendas que le haga la Cámara.

“Nosotros igualmente pasamos revista acá, pero la que aprobamos es la que llega de la Cámara”, indicó la senadora y sostuvo que la resolución que sometió el Ejecutivo y el presupuesto que radicó la JSF son, prácticamente, iguales. “La discrepancia está en unos $169 millones”, dijo.

Padilla dijo que le pidió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que le certifique el desglose de dónde saldrán los $169 millones que, según el Ejecutivo, serían distribuidos para atender varias prioridades, como el Bono de Navidad de los empleados públicos, la retribución uniforme para implantar por etapas la Ley del Empleador Único, una inyección de $10 millones para WIPR, una asignación a la Comisión Estatal de Elecciones para las elecciones generales, un seguro contra catástrofes y una asignación para aumentar las especialidades de médicos residentes del Departamento de Salud, incluyendo medicina forense.

“Para que tenga la aprobación de la Junta, esos $169 millones deben estar debidamente justificados y (saber) de dónde van a salir los fondos. Lo pedí de manera certificada a la OGP. Para este jueves 25 ya lo tengo que tener”, sostuvo la legisladora.

¿Esos $169 millones están?, preguntó este diario.

“De acuerdo con la OGP ellos dicen que los tienen, lo que yo quiero es que los certifiquen. Posiblemente, salen del fondo general, de fondos no recurrentes, que pueden ser sobrantes”, dijo Padilla, quien no obstante, reconoció que este año el gobierno está por debajo de un 18% en los recaudos. “Después de lo del COVID eso fue demasiado. Llegaron unos fondos federales, pero el gobierno tuvo que hacer un primer desembolso para cumplir compromisos. Los recaudos se están recuperando, pero eso no es de ahora para ahora”, agregó Padilla.

Las medidas presupuestarias tienen que ser aprobadas primero en la Cámara por disposición constitucional.

Padilla auguró que la resolución principal del presupuesto sufrirá enmiendas en ambos cuerpos. “No creo que debe haber mucha distancia porque los presidentes de los cuerpos se comunican. Lo importante es si queremos aprobar el del Ejecutivo y de una vez y por todas la Junta se pueda ir. No podemos seguir en con el toma y dame de la Junta”, dijo para agregar para el nuevo año fiscal, la JSF se asignó una partida presupuestaria de $57.6 millones.

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que mañana a las 11:00 a.m. se convocó un caucus de la mayoría novoprogresista, y a la 1:00 p.m. comenzaría el debate de la medida en el hemiciclo cameral.

Se espera que el debate se extienda por unas tres horas.

Por su parte, el representante popular, Luis Vega Ramos cuestionó la aprobación de las medidas presupuestarias, pues dijo que solo hubo una vista pública.

“La Cámara completa su irresponsabilidad ante su mayor deber constitucional, que es elaborar un presupuesto coherente para el país. Hicieron una vista pro forma, pero no fueron agencia por agencia y ahora lo que prueben mañana será de espaldas al País y acostados en el mismo lecho que la Junta de Control Fiscal”, sostuvo el legislador.

“Es un juego de irresponsabilidad porque no discutimos el de la Junta, no discutimos el de la gobernadora y la Cámara no hizo el esfuerzo de hacer uno propio”, agregó Vega Ramos.