La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) espera completar este año las obligaciones de fondos de los miles de proyectos de reconstrucción que surgieron a raíz de la destrucción causada por el impacto del huracán María en 2017 y los terremotos del 2020.

Al momento, explicó José Baquero, coordinador federal de recuperación de desastres, FEMA ha obligado ya “casi $26,000 millones en total”, de los que “más de $19,500 millones son para obra permanente”.

El año pasado, FEMA logró completar todas las inspecciones necesarias que quedaban pendientes relacionadas con los desastres de María y los terremotos.

Cuando se habla de dinero obligado, detalló, “significa una asignación de dinero para proyectos específicos”, es decir, que “ese proyecto se analizó, se estudió, y es un proyecto de costo fijo, que se llegó al acuerdo del costo fijo, y ya está listo para que la agencia, municipio o entidad sin fines de lucro elegible lo saque a subasta”.

Parte de esa cifra, se usó “bien al principio”, inmediatamente después del paso del huracán María. Unos $4,700 millones, se usaron para los proyectos de medidas de emergencia y otros $716 millones se usaron para recoger escombros.

“Después viene la fase de obra permanente, que es la que nos ocupa ahora mayormente. Y en esa fase de obra permanente es donde se han obligado más de $20,500 millones”, agregó Baquero.

Subrayó que, pese a todos los inconvenientes que ha traído la pandemia, el año pasado FEMA aprobó más de 3,000 proyectos. Con esa cifra, el total de proyectos aprobados asciende a unos 9,200.

“Estas obligaciones en su mayoría son obras de construcción, puentes, carreteras, edificios públicos, parques, áreas recreativas, ese tipo de proyectos”, comentó Baquero.

“La gran mayoría de esos proyectos están ‘ready’, muchos de ellos ya han sido subastados, y muchos de ellos ya han sido completados. Hay un montón de proyectos pequeños que ya están terminados, reparaciones a puentes, reparaciones a carreteras, reparaciones a facilidades municipales que están completados”, aseveró.

De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), según la información provista por los subrecipientes (agencias, municipios, entidades sin fines de lucro), actualmente hay 538 proyectos en proceso de construcción y 337 proyectos culminados.

Cabe destacar que con frecuencia hay varios proyectos que se consolidan en uno solo, por lo que la cifra real de proyectos es en realidad mucho mayor.

Entre esos proyectos, algunos son de gran envergadura e importancia, como el remplazo del edificio del Laboratorio de Caguas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) o la reparación del edificio del Archivo General del Instituto de Cultura, una estructura del 1885 a que se le “remplazaron ventanas, una parte del techo, el alumbrado”, entre otros trabajos.

Baquero comentó que, “en algunos casos, se obligan fondos para estudios de ingeniería, cuando esos proyectos de construcción son más grandes o complejos”, como podría ser el caso de un puente. En esos casos, aunque esté ya hecha la obligación de fondos, las obras pueden tardar más en comenzar, justamente porque requieren que antes se lleven a cabo los estudios de ingeniería o diseños.

El directivo explicó que FEMA ha continuado aprobado proyectos cada semana. En diciembre pasado, por ejemplo, se aprobaron 261 proyectos por valor de unos $350 millones. Estimó que, además de los 9,200 proyectos ya obligados, aún quedan pendientes de aprobación para obligación unos 2,000 más, “que deben representar a nuestro estimado unos $4,000 millones adicionales en términos de proyectos”.

Actualmente, en cuanto a los trabajos en los municipios, Jayuya es el municipio con más obligaciones para reparaciones permanentes, con $6.3 millones. Entre las agencias del gobierno, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es la que suma más obligaciones, con unos $110 millones.

Por otro lado, explicó Baquero, muchos proyectos podrían beneficiarse también de otros fondos adicionales para mitigación, que buscan que lo que se construya o repare termine siendo más resiliente. A manera de ejemplo dijo que un edificio que por los vientos del huracán perdió todas las ventanas del lado norte, pero las del lado sur quedaron intactas, puede pedir esos fondos de mitigación para reponer todas las ventanas del edificio, incluyendo las que no sufrieron daños, por unas más resistentes a vientos fuertes.

Los fondos de mitigación son dinero adicional al obligado y se determina proyecto por proyecto, según las necesidades que se determinen.

Baquero insistió en que esa parte de mitigación de riesgos “es bien importante, porque más allá de reparar estructuras que sufrieron daños, la mitigación persigue que lo que se construya o lo que se repare sea más resiliente de lo que había, para que evitemos que en un futuro huracán o terremoto pase lo mismo”.

Detalló que FEMA cuenta con dos fuentes de fondos de mitigación. Una es la sección 406 (de la Ley Stafford) que es la que permite la asignación de fondos adicionales a proyecto de reparación o construcción para atender mitigación.

Bajo esta sección 406, se le ha asignado dinero adicional a unos 5,100 de los 9,200 obligados, por un monto que ronda los $635 millones “adicionales a la asignación original por el daño sufrido”.

La otra fuente para mitigación, la sección 404 “es un fondo que FEMA le da al estado, en este caso a COR3, para que asigne, con la aprobación de FEMA, proyectos de mitigación” que puede tratarse “de estructuras que no sufrieron daños cuando María, pero que queremos hacer más resilientes”. Por ejemplo, puede ser el caso de un municipio que solicite construir una facilidad resistente a huracanes y terremotos para sus operaciones de emergencias, o la instalación de generadores eléctricos en un hospital o alguna otra estructura para poder operar en casos de emergencias.

Actualmente, hay unos $3,000 millones asignados del fondo de María para ese tipo de proyectos de mitigación bajo la sección 404. Esa es la cifra más grande asignada por FEMA para proyectos de mitigación en su historia.

Sobre los proyectos relacionados a los daños por los terremotos de 2020, Baquero afirmó que continúan trabajando con COR3 para que el rembolso de costos elegibles se haga los más rápido posible, siguiendo todos los requisitos establecidos. Al momento, detalló, FEMA ha obligado unos $523 millones para unos 500 proyectos relacionados a terremotos. Además, se han destinado otros $3.03 millones de programas de mitigación bajo sección 404.

FEMA ha distribuido también más de $76.7 millones en asistencia individual a las víctimas de los terremotos. De esa cantidad, $54.5 fueron para reparación de viviendas; $8.9 millones para sustitución de vivienda; $10.9 millones para ayuda de alquiler y $2.2 millones para otras necesidades tales como equipos médicos o bienes personales.

En el sector de educación y las escuelas, Baquero explicó que, al momento, FEMA le ha otorgado al Departamento de Educación “unos $186 millones, bajo terremotos, para unos 137 proyectos de obra permanente. Eso es para reparar y reforzar varias escuelas en la región sur y oeste de Puerto Rico”.

Entre los daños en las escuelas, se encontró el ya famoso problema de la columna corta, y “se acordó un remedio, un método para reparar esa deficiencia, y ese es el que se está usando en todas las escuelas”. Para ese arreglo específico de columnas cortas, FEMA asignó $178.3 millones, bajo fondos de mitigación de la sección 406. En total, a 102 escuelas recibirán refuerzo estructural y columnas de contención, para ser más resilientes a riesgo sísmico.

FEMA, además, aprobó más de $193,000 para remoción de escombros en propiedades privadas, bajo un proyecto “un poco diferente”, que permite la demolición con fondos de FEMA en aquellas propiedades privadas que se convierten en estorbos públicos por el daño que sufrieron.

Por último, Baquero comentó sobre la situación de los cuatro paquetes conocidos por las siglas de FAASt (Estrategia de Asignación Acelerada), que se han destinado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Departamento de Educación (DE) y Administración de Vivienda Pública.

Esos fondos le dan un presupuesto a cada entidad, con base en “un muestreo representativo de las facilidades que sufrieron daños, un estimado de los daños y los costos de reparación, y unos ajustes por inflación y otros aspectos... y como paso final esa cantidad la analiza un panel independiente de expertos”.

Una vez sometido un proyecto, FEMA evalúa si tiene oportunidad para recibir fondos adicionales de mitigación y que cumpla con todas las leyes ambientales estatales y federales. Entonces, del paquete FAASt, se le otorga la cantidad específica para ese proyecto.

Bajo estos fondos FAASt, además, hay flexibilidad para que la reconstrucción o reparación se haga a los estándares actuales de ingeniería de ese tipo de facilidad, y que se pueda hacer sin tomar en consideración la condición de la facilidad antes del desastre. “Eso permite que sea más flexible el uso de los fondos y que más tipo de reparaciones de proyectos que se quieren hacer sean elegibles para rembolso. El fondo de FAASt es bien flexible en cómo lo quiere utilizar y para qué proyecto lo quiere utilizar el subreceptor”.

Al momento, agregó, la AEE y la AAA están trabajando en los estudios técnicos y alcance de trabajo para presentar los proyectos ante FEMA.

“En septiembre de 2020, hicimos dos FAASt, los $9,600 millones a (la Autoridad de) Energía Eléctrica y los $2,000 al Departamento de Educación; en enero de 2021 se hizo el de $3,600 millones de (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados); y en esta semana se hizo el de $554 millones de (la Administración de) Vivienda Pública. Y todos tienen las mismas reglas de juego”, dijo Baquero.

La Administración de Vivienda Pública, además, recibió otros $106 millones que fueron asignados a proyectos de Vivienda Pública, así como otras partidas adicionales para proyectos en facilidades que son diferentes a los típicos edificios de Vivienda Pública. En total, serían unos $850 millones que destinaría FEMA para los proyectos en Vivienda Pública.

“Entonces, ¿qué podemos esperar para el 2022? Pues eso, terminar de hacer las obligaciones de María y los terremotos, de parte de FEMA, y asistir al COR3 que ha hecho un compromiso de poner en marcha 2,000 proyectos este año. Ponerlos en marcha significa para ellos o que estén en construcción o que hayan sido subastados. Así que la asistencia técnica que necesiten los municipios, las agencias, COR3, el estado, para nosotros poderlos ayudar a alcanzar esa meta, estamos aquí para darle ese apoyo, y empezar a que se vea ese grueso de proyectos de construcción este año”, afirmó Baquero.

“FEMA tiene un compromiso inquebrantable con la recuperación. El 95 o 97% de los más de 800 empleados que tiene FEMA en Puerto Rico son de aquí, gente que vivió María, que sufrió María, que tienen un compromiso con Puerto Rico de hacer que eso pase, especialmente también en sus comunidades. Son gente que viven en todos los pueblos de la Isla y vieron el daño que causó María y quieren ver sus pueblos recuperarse. Ese es el mayor ‘asset’ (recurso) que tiene FEMA y por eso hemos tenido el éxito que hemos tenido, por el compromiso de los empleados”, subrayó.

Baquero, recordó que los fondos de FEMA, funcionan por rembolso, es decir que si, por ejemplo, luego de revisar un edifico tal, se estima $2 millones en daños, FEMA no le da un cheque por ese monto, sino que luego de terminadas las reparaciones esos gastos que tuvo, le somete una reclamación a COR3 y FEMA le rembolsa ese monto.

La excepción a esa regla de rembolso son los llamados proyectos pequeños, aquellos cuyo costo es menor a $123,100. En esos casos FEMA le adelanta al municipio, agencia o entidad sin fines de lucro elegible el 90% del dinero que se obligó.

En los proyectos regulares, el municipio, agencia o entidad sin fines de lucro puede pedir a COR3 adelantos de fondos para gastos que se puedan considerar inmediatos.

Las obligaciones de FEMA, tienen una parte que se cubre de los fondos federales, y una porción que debe costear la entidad que los recibe. En los proyectos de María, FEMA cubre 90% y el pareo del 10% restante lo cubre el municipio, agencia o entidad sin fines de lucro. Ese pareo de 90-10 es una excepción, por los daños tan extensos que causó María.

En cambio, en los proyectos de terremotos, se usa el pareo regular de FEMA, en el que FEMA cubre el 75% y la entidad recipiente el 25% restante.

No obstante, sea 10% o 25%, los municipios, agencias o entidades sin fines de lucro, pueden usar fondos de CDBG para el pareo, por lo que no incurrirían en gastos de su presupuesto. Baquero estimó que cerca del 95% o más de los proyectos son elegibles para que el pareo se cubra con fondos CDBG.