El área suroeste de la Isla esta viviendo “una emergencia dentro la emergencia” ahora que, sin haber superado la crisis provocada por los terremotos, llega esta otra provocada por el coronavirus.

La situación, expresaron los alcaldes de dos de los cinco municipios más golpeados por los sismos, es preocupante y, si no se actúa con diligencia para proveer el apoyo económico necesario, podría tornarse peor y hasta afectar la operación de servicios esenciales.

“Es un gran golpe económico. Entendemos que va a ser buen cuesta arriba poder cumplir con todos los servicios”, sostuvo Ángel “Luigi” Torres, alcalde de Yauco, que fue uno de los cinco municipios más afectados por los temblores, junto a Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Ponce.

“Aquí en Yauco todavía tengo refugiados (de los temblores) en campamentos externos. Me quedan 78 refugiados”, explicó Torres. “Adicional a eso hay unas comunidades en el barrio Barina y otras comunidades a lo largo de una quebrada, donde hay daño geológico que lo certificó la geóloga Ruth Vélez del DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales)”.

Según Torres, la recomendación es que no se reconstruyan esas viviendas porque el terreno allí es inestable. En el caso de las viviendas a lo largo de la quebrada, será necesario hacer una evaluación a ver cuáles podrían reconstruirse o si de igual forma hay que relocalizar a las familias.

Detalló que, en total, en Yauco hay 645 casas “declaradas inseguras, de las que entendemos que unas 260 se van a tener que demoler”.

Pero para esas demoliciones la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) solo cubriría el 75% del costo, y el municipio tendría que asumir el 25% restante. Por tal razón, explicó Torres, le están solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno que se use el resto del dinero del paquete de $260 millones del fondo de emergencia que la JSF había asignado inicialmente para atener la crisis provocada por los terremotos, pero que no se usó en su totalidad.

“Ellos determinaron que el campamento base cerró y con eso acabó la emergencia, pero no es así. Entendemos que esos fondos se habían asignado a los damnificados y la solicitud de nosotros es algo razonable”, insistió el alcalde de Yauco.

“Son 260 familias que las casas se van a demoler. Hay unos terrenos de (el Departamento de) Vivienda en los que podríamos ubicar a esas familias. Ya está el terreno identificado y Vivienda lo puede transferir. Y la fundación de Lin Manuel Miranda junto con la Asociación de Carpinteros de los Estados Unidos están en disposición de colaborar con la mano de obra. Pero necesitaríamos fondos para los materiales. Por eso pedimos ese dinero para atender la situación de vivienda y algo de recuperación económica”, aseveró.

Para poner más claro lo dramático de la situación, Torres puso el ejemplo de los recaudos por IVU del pasado mes de febrero. Lo que se había proyectado era de $153,000, y apenas recibieron $19,500.

“Y ahora con el toque de queda (por el coronavirus), que llega luego de los dos meses de poca actividad económica por el terremoto, entendemos va a ser bien cuesta arriba cumplir con todo. Hasta el 30 de marzo podemos sostener los servicios esenciales, pero por lo que estamos viendo, para abril podrían estar más comprometidos”, agregó Torres.

Por el momento, dijo, llevaron a los refugiados productos de limpieza y desinfectantes, y trabajarían con buscar una posibilidad de reubicar con vales de sección 8 a las tres familias con personas mayores, uno de los cuales tiene complicaciones de salud.

Por otro lado, Torres alertó sobre la situación del hospital Pavía de Yauco, el más importante de la zona, pero que solo “tienen capacidad para tres camas de aislamiento, y entendemos que es muy poco”.

Agregó que se reunió con los directivos de la instalación médica y le informaron que usarían nuevamente la carpa de bioseguridad instalada luego del terremoto y que fue usada como sala de emergencia, para atender allí a todo paciente con riesgo de coronavirus, e incluso aislarlo si se llenaran los cuartos de aislamiento.

Por su parte el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, dijo que, aunque su municipio no tiene una situación fiscal tan complicada como la de sus vecinos, de cualquier forma necesitará asistencia para salir adelante.

“Aquí todavía está temblando. Actualmente tenemos todavía 19 refugiados”, repasó Gonsález.

Agregó que, ante la emergencia del coronavirus y ya que no existía un protocolo particular para eso, redactaron junto con el Departamento de Vivienda un nuevo reglamento para el campamento, que está ubicado en la pista atlética del municipio.

“No se van a mover los refugiados. Pero se van a limitar las visitas, solo a casos realmente meritorios, como para suplir un medicamento o algo similar. No se van a permitir visitas sociales. Y va a ser en horarios limitados, de 9:00 a 11:00 de la mañana y de 2:00 a 4:00 de la tarde. Se va a orientar a cada uno de los refugiados que si tienen que salir a hacer algún tipo de compra, que se escoja a un miembro por familia, y que no sea una persona en el grupo más susceptible, como los enfermos o envejecientes”, detalló sobre las medidas para proteger a los refugiados del contagio con coronavirus.

“Esto no está fácil. Pero comenzamos una campaña de orientación por redes sociales, y la policía municipal ha estado orientando a los ciudadanos desde temprano. También tenemos una guagua de sonido orientando sobre la situación”, agregó Gonsález.

También están a la espera de un cargamento de 8,000 unidades de “hand sanitizer” para distribuir por las residencias.

Por otro lado, se mantienen los servicios de transporte a pacientes de diálisis y de Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción), aunque con medidas de higiene adicionales.

“Nosotros estamos más saludables fiscalmente. No tenemos una economía rampante pero por unas medidas que hemos tomado hace que estemos más estables. Pero tuvimos una estocada fatal al salir (de servicio la plana generadora de) Costa Sur, que perdimos $5 millones. Nuestro presupuesto es de solo $14 millones así que imagínate. Pero dentro de todo, con las medidas que tomamos, no vamos a tener que reducir servicios”, agregó Gonsález.

Sin embargo, estimó que Guánica, Guayanilla, Ponce y Yauco “están más frágiles y podrían caer en bancarrota” si no reciben asistencia.

Recordó que tienen por delante el proceso de demolición de estructuras, que aun cuando FEMA cubra el 75%, “¿de dónde sale el resto? Y se nos ha dicho que tenemos que contratar ingenieros estructurales que hagan la evaluación, hacer estudios de asbesto y plomo, luego solicitar al estado permisos para la demolición, luego se hace la demolición y por último tenemos también que disponer todo eso”.

“Comoquiera, hay que atender todo esto de inmediato. El estado tiene que estar más flexible con nuestros municipios. No se usó todo lo que asignó la Junta, y entiendo que debe hacerse nuevamente una distribución de esos fondos. Ahora tenemos una emergencia dentro de otra emergencia”, insistió.