Diversos miembros del movimiento obrero de Puerto Rico le solicitaron la renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por su “negligencia” ante la emergencia que enfrenta el país por la continua actividad sísmica que afecta al País desde el pasado 28 de diciembre.

Sus expresiones surgen luego que el sábado encontraran en Ponce un almacén repleto de suministros no distribuidos y que –por sus fechas de expiración– datarían del proceso de recuperación del huracán María.

Por esto, invitan a sus matrículas y al pueblo en general a manifestarse este próximo jueves, 23 de enero, a las 5:00 de la tarde en el Capitolio, para “defender la salud y la vida de todos los puertorriqueños”.

“Nosotros, como parte de un pueblo indignado por la inacción y mal manejo del gobierno de Wanda Vázquez, ante esta nueva emergencia, le pedimos la renuncia a la gobernadora, no solo por dilatar la entrega de suministros a los damnificados del terremoto sabiendo de la existencia de almacenes y artículos de primera necesidad, sino, también, por permitir se le mintiera al pueblo en cuanto al restablecimiento del sistema eléctrico después del temblor y por no atender ninguno de los reclamos que le hicimos como gremios al comienzo de su mandato como gobernadora” expresaron en declaraciones escritas a la prensa.

Entre los suministros encontrados –y que no estaban expirados– hubo catres, estufas de gas, duchas portátiles, pañales desechables y toldos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), entre otras cosas. Estos productos han sido reclamados por los damnificados de los terremotos que han golpeado fuerte a la zona suroeste del País.

Tras el escándalo, salió a relucir que hay un total de siete almacenes similares alrededor del archipiélago borincano: dos del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y cinco de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Para los líderes gremiales, el descubrimiento de estos almacenes suplidos para atender una emergencia y el mal manejo de los suministros en el almacén de Ponce son “inaceptable y reprochable” por lo que exigieron que se procese criminalmente a todos los responsables que “atentaron contra el bienestar y la vida del pueblo”.

“El asunto de la negligencia de este gobierno no solo se está dando con los damnificados sino, también, con los empleados de gobierno, incluyendo maestros y empleados no docentes, que se les está exigiendo que trabajen en edificios que sufrieron daños con los temblores y que no han sido certificados como seguros. No se han mostrado las certificaciones de las inspecciones realizadas a los edificios de las diferentes agencias de gobierno por parte de ingenieros estructurales ni se les ha notificado si lo edificios están aptos para recibirlos a ellos como empleados y a los cientos de ciudadanos que a diario visitan las oficinas para recibir servicios” reclamaron.

Los líderes sindicales de diferentes gremios –como Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), United Auto Workers (UAW), UNETE, Federación Central de Trabajadores, Local 481 UFCW (FCT), UTIER, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFL-CIO), Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR (Heend), entre otros– explicaron que marcharán desde el Capitolio hasta Fortaleza donde se manifestarán junto al pueblo y denunciarán a su vez la inseguridad que existe tanto en las escuelas como en los edificios públicos.