Los consumidores no encontrarán un escudo protector del Estado a la hora de lidiar con los aumentos en los precios de los alimentos preparados que algunos comercios han incluido en su menú en momentos en que el gobierno realiza un esfuerzo de reactivar el consumo mediante la disminución del Impuesto de Venta y Uso (IVU) de un 11.5% a un 7% en alimentos preparados.

Tanto el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, como la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, dijeron hoy que no existe ilegalidad o violación de parte del comerciante y que, por lo tanto, no tendrían jurisdicción en ninguna querella sobre el particular.

Entonces, ¿qué opciones le quedan al consumidor?

“Si el negocio no te beneficia, abusa de tu confianza y no te pasa ahorro, pues no debes patrocinarlo. Debes patrocinar a ese negocio que te beneficia y logres ese ahorro”, sentenció la defensora de los consumidores.

La afirmación ocurre luego que transcendiera que algunos comercios, entre los que se destaca la cadena de emparedados Subway, registraran un aumento de precios el pasado 1 de octubre, justo cuando se reportó la disminución del IVU.

Según explicó el abogado Ernie Cabán, no tiene sentido que esta situación ocurra, pues el dinero que se economizará el cliente no le corresponde al comercio sino al erario público.

“La disminución en el IVU no afecta la ganancia de los comerciantes, sino es un dinero que recolecta para referirlo a Hacienda y no tiene ningún efecto directo en sus ganancias. Todo lo contrario, pudiese generar un aumento en las ganancias en la medida que los consumidores motivados por la rebaja en el IVU tiendan a aumentar más el consumo”, explicó.

Pero ese ahorro no se produjo en todos los casos, lo que provocó la ira de los consumidores y las denuncias a través de las redes sociales.

“Honestidad. Sin eso, no podremos progresar.  Si los restaurantes que van a poder cobrar solo el 7% de IVU ahora pretenden subir los precios de su menú porque estábamos dispuestos a pagar el 11.5%, no están siendo honestos”, denunció el ciudadano Manuel Cámara en tuit.

Ante la controversia, el titular de Hacienda dejó claro que “el consumidor es más consciente a la hora de decidir con qué establecimientos va a hacer negocios”. Por lo tanto, deja en sus manos la determinación de si le pasa factura por su preceder o no.

“Los consumidores han probado ser aliados del gobierno, no solo en el esfuerzo de identificar el cumplimiento de estas reducciones en la carga contributiva a los ciudadanos, sino en verbalizar su sentir respecto a prácticas comerciales de algunos negocios. De la misma manera, en que el Departamento responde a las necesidades de los contribuyentes, será responsabilidad de los comerciantes proveer respuestas a las necesidades sus clientes”, acotó.

Por su parte, la secretaria interina del DACO planteó que los comercios no violan ningún reglamento o ley al determinar aumentar los precios en momentos en que el gobierno les concede un alivio. 

“Nosotros solo tenemos la facultad de controlar los precios cuando hay una emergencia o alguna situación que trastoque el balance que debe de existir en un mercado libre de demanda y oferta”, sentenció Salgado. 

“El comercio está libre en aumentarlo de acuerdo a sus políticas”, añadió.

La funcionaria, sin embargo, se mostró inconforme con la práctica que los consumidores han denunciado en las redes sociales de aumentarle le precio a los alimentos preparados.

“Me parece imprudente y un mal negocio… Realmente, lo que hemos expresado es exhortar a los comercios a que permitan que este ahorro al bolsillo del consumidor se refleje directamente”, dijo.

Las palabras de estos funcionarios involucrados en la controversia, no obstante, no se comparan con las que tuvo el senador José Vargas Vidot al demostrar su inconformidad con lo acontecido. 

“Los negocios que han incurrido para aprovechar la ambigüedad de la ley para demostrar la ausencia de solidaridad, porque se lo permite la ley de subir y aumentar precios artículos y hacerlos más caro, para mí están en el mismo lugar del infierno. Uno tiene que tener un grado de ética comercial. Aprovecharse de la ambigüedad para sacarle provecho a una medida que viene a solventar las limitaciones económicas del ciudadano para cancelar ese ahorro es una forma reprochable de mirar a su clientela. La clientela merece una consideración especial y si el gobierno ha concedido una rebaja sustancial como es el caso de la rebaja al 7% de los alimentos preparados, por qué negarle ese beneficio al consumidor”, manifestó el legislador.

Pese al malestar generalizado, el presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore), José Salvatella, explicó que fueron pocos los comercios que incurrieron en esta práctica.

“Nueve de cada 10 restaurante no han hecho ningún tipo de ajuste de precio”, afirmó el ejecutivo, sin querer dar detalles de cuáles comercios han registrado aumentos. 

Dijo que Asore lo que ha recomendado a sus miembros es a no aumentar los precios de los productos, porque cree están “a destiempo”. Esto se debe a que hay mucha competencia en la industria de los restaurantes que no da espacio para que se registren estos incrementos. A modo de ejemplo, comentó que muchos comercios están dando precios similares a los que ofrecen restaurantes de comida rápida, lo que ha tornado el mercado “muy sensitivo”. 

“Debemos dejar que el consumidor tenga ese ahorro en su bolsillo”, señaló Salvatella.