El Tribunal Supremo de Puerto Rico restituyó este fin de semana la protección a diversas zonas ecológicas como reservas naturales, esto a pesar de directrices de la Junta de Planificación que fueron ratificadas por el exgobernador Ricardo Rosselló

"Dejamos sin efecto las Resoluciones del 2017, por lo que las designaciones de reservas naturales se mantienen en vigor", reza la opinión de 23 páginas, emitida por el juez Luis Estrella y en la que no hubo disidentes.

Las reservas protegidas por la decisión son Mar Chiquita, en Manatí; Finca Nolla, en Camuy; Río Camuy, en Hatillo y Camuy; Humedal Playa Lucía, en Yabucoa; Punta Cabuyones, en Ponce; Punta Guilarte, en Arroyo; y Punta Petrona, en Isabela. Estas zonas habían sido protegidas por el exgobernador Alejandro García Padilla en el 2016, en las postrimerías de su mandato y "cumplieron con los requisitos procesales", sin que hayan sido impugnadas judicialmente.

El problema fue que la Junta de Planificación, al intentar invalidar estas designaciones de la administración García Padilla, incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) porque lo hizo "sin cumplir con los requisitos que exige la LPAU para dejar sin efecto normas reglamentarias" alegando que el exgobernador popular actuó por el "cambio de gobierno", resolvió el alto foro.

"La LPAU provee expresamente la nulidad de todo reglamento aprobado en incumplimiento “sustancial” con sus disposiciones. Surge del expediente que la Junta de Planificación no cumplió con ninguno de los requisitos para la aprobación de reglamentos, pues no notificó al público de su intención de revocar la reglamentación ni proveyó oportunidad alguna de participación ciudadana. Debido a lo anterior, no debe haber duda alguna de que las / Resoluciones del 2017 que revocan motu proprio las Resoluciones del 2016 son irremediablemente nulas". 

La demanda fue llevada por las organizaciones Sierra Club; Toabajeños en Defensa del Ambiente, Inc., y su portavoz Juan Camacho; Comité Socio Cultural Comunitario Arizona San Felipe de Arroyo, Inc. y su portavoz Alberto Rubio Rodríguez.