Un grupo de universitarios exigió hoy que el Departamento de Justicia entregue las listas que contendrían los nombres de miles de personas a las que se les intervinieron sus cuentas personales de Facebook durante la huelga de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 2017, como parte de la investigación en su contra.

Para ese entonces, la agencia, que estaba bajo la jefatura de la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, le solicitó a la red social mediante una orden de allanamiento y registro que le entregaran los nombres de usuarios, su número de identificación, fotos, comentarios con los medios informativos universitarios Diálogo UPR, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil, entre otras cosas.

La denuncia fue realizada por los cinco jóvenes que se encuentras, desde entonces, en un largo proceso judicial tras irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en busca de detener el aumento de matrícula, privilegiar los servicios públicos por encima del pago de la deuda, lograr una auditoría de la deuda y evitar los masivos recortes presupuestarios en el sistema universitario público del País.

Los jóvenes implicados son: Verónica Figueroa Huertas, Thaliangelly Torres González, Francisco Santiago Cintrón, Randiel Negrón Torres y Gabriel Díaz Rivera.

A su vez, levantaron su voz ante la forma en que el Gobierno “criminaliza” las protestas e invierte desproporcionalmente recursos. Para esto, ejemplificaron su caso versus otros escándalos de corrupción que han sido investigados por las agencias federales y no por el Departamento de Justicia.

“En el transcurso de los pasados tres años, más de 50 citaciones y la exposición innecesaria al coronavirus, denunciamos la doble vara que existe en la justicia de nuestro país y el proceso atropellado vivido no solo en nuestra contra sino contra miles de personas a las cuales se le violó su derecho a la intimidad”, manifestaron en un comunicado de prensa.

“Mientras se invierten recursos en nuestra contra se le da largas a las investigaciones de funcionarios públicos que incurren en corrupción y abusos de poder. Parece mentira que el mismo Departamento de Justicia que ha insistido por tres años en perseguir a estudiantes por defender las instituciones públicas ha huido de su responsabilidad en procesar personas que intentaron estafar al país por más de $40 millones en pruebas para COVID-19. No ha movido un dedo para investigar el saqueo de fondos públicos que quedaron evidenciados en el infame chat de Ricardo Roselló y su Manada Azul. A dos años del huracán, ese mismo Departamento de Justicia, no ha dicho ni pío sobre los responsables de aguantar los vagones de suministros del huracán María y los terremotos de este año. Y como si fuera poco, tampoco ha invertido recursos en investigar y tomar acción en contra de María Milagros Charbonier y Nelson Del Valle, representantes acusados de corrupción y participar en el esquema de empleados fantasmas”, enumeraron.

Los estudiantes insisten en que solo mediante la desestimación de los cargos en su contra se logaría la justicia.

“No nos cabe la menor duda que detrás de esta doble vara e inconsistencia subyace la intención de criminalizar a quienes luchan por un mejor país y un intento selectivo de acusar a aquellos y aquellas que asumen cargos de representación”, añade el parte de prensa.

El juicio contra los universitarios se reanuda el 31 de agosto.