En abril se celebró el mes de la prevención del maltrato infanto-juvenil, con un saldo de un aumento en las querellas sometidas al Departamento de la Familia. Hemos enfrentado experiencias de violencia de género que nos han consternado como país y que han movilizado a toda la ciudadanía a expresar la solicitud de “Ni una más, ni una menos”.

Ambos fenómenos sociales apuntan a la necesidad de intervenciones y asistencia social que, por historia, la profesión del trabajo social ha asumido en sus dominios como disciplina de las ciencias sociales, conocedora de las relaciones del contexto social, cultural, político y económico que rodean e inciden en la vida de los sujetos sociales.

Como profesión hemos defendido los derechos sociales, la expansión y exigibilidad del acceso a estos por toda la ciudadanía, sin excluir a ningún sector en la pluralidad que nos define como país y humanidad. El Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR) ha trabajado para que se nos reconozca como una profesión esencial en la atención de la ciudadanía, en medio de los eventos socioambientales y de salud como los huracanes, terremotos y pandemia, que ya hemos vivido.

Entendemos que, frente a la complejidad social y las violencias experimentadas, una de las profesiones que se convierte en parte de la prevención y atención de estas situaciones es el trabajo social. En estos días, el gobernador Pedro Pierluisi recibía la respuesta de la Junta de Control Fiscal con recortes al presupuesto propuesto, que incluía apoyo para los servicios del trabajo social para la ciudadanía. En varias instancias, el gobernador ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar los servicios sociales y de trabajo social para asistir y acompañar a nuestras familias, lo que hemos percibido como una legitimación a nuestra labor.

Sin embargo, seguimos enfrentando como profesión acciones que le faltan a esa legitimidad de nuestras prácticas. Entre estas, la falta de justicia salarial, escasos recursos de apoyo en los diferentes escenarios de trabajo, vulnerabilidad a la salud y seguridad del profesional del trabajo social, entre otras. En la medida que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales del trabajo social, estaremos avanzando en asegurar el acceso a los derechos sociales de la ciudadanía.

Para nuestra profesión se hace imperativo la viabilidad de la revisión de la Ley #171 del 1940, que regula nuestra práctica y hacia esa necesidad se han dirigido los esfuerzos del CPTSPR. Este trabajo debe ser apoyado por los poderes que dirigen al país desde el estado, mas allá de los discursos, con acciones contundentes que validen la legitimidad percibida a una experimentada.

Un mejor país es posible, el trabajo social seguirá en defensa de los derechos humanos de todas las personas en el país y de nuestra profesión.